MUNDO DIGITAL
#GobiernoEspía
Mas allá de la legitimidad de un gobierno para hacerse de información de inteligencia para temas de seguridad nacional, la identidad de las víctimas del spyware Pegasus constituye una transgresión inaceptable a los derechos digitales y la privacidad
Eduardo A. Durazo/COLABORACIÓN*
eduardo.durazo@cetys.mx | Ensenada, B. C.
En las semanas previas hemos sido testigos de un cúmulo de notas periodísticas en las cuales se da cuenta del uso de una herramienta de spyware llamada Pegasus, por parte del Gobierno Federal, para espiar a diversos activistas sociales, periodistas e integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de indagar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal "Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
Un spyware es una programa que se instala en un dispositivo electrónico (puede ser una computadora, tablet o teléfono) con el propósito de recopilar información de manera subrepticia y transmitirla a un tercero no autorizado por el propietario.
De acuerdo a Wikipedia, Pegasus es un spyware de última generación capaz de leer mensajes de texto, rastrear llamadas, recopilar contraseñas, localizar la ubicación del teléfono y recopilar información de aplicaciones como Gmail, Facebook, WhatsApp y Skype.
La mecánica de espionaje es relativamente sencilla, se envía un mensaje con un enlace que de abrirse habilita al spyware a tomar el control de la información del teléfono.
Sin embargo estos mensajes no son aleatorios, sino que se ha reportado que son mensajes redactados ex profeso para atraer la atención de quien lo recibe, por lo que no hay duda de que la tarea de espionaje busca seleccionar personajes específicos bajo criterios que no concuerdan con el supuesto objetivo de la herramienta tecnológica, que es combatir el crimen organizado y el terrorismo.
Procedencia del spyware
El primer reporte fue del activista árabe de derechos humanos Ahmed Mansoor. El activista buscó apoyo de Citizen Lab, organización de investigación en derecho digital, la cual determinó la procedencia en la manufactura del software a la empresa israelí NSO Group.
Esta firma es propiedad de una compañía de capital de riesgo de orígen estadounidense denominada Francisco Partners, la cual ha mostrado intención de vender la empresa en mil millones de dólares.
De acuerdo a la BBC, el portavoz de NSO Group, Zamir Dahbash, declaró: "La empresa sólo vende a agencias gubernamentales autorizadas y cumple con estrictas leyes y regulaciones de control de exportación”. Sin embargo, los reportes de espionaje contra activistas, periodistas y adversarios políticos en todo el mundo, evidencian que la empresa no puede y/o no tiene interés en hacer cumplir los fines para los que en teoría fue creado el software.
La inversión en México
En México, el diario The New York Times reveló tres facturas del gobierno federal por concepto de 15 millones de dólares, por tres proyectos sin especificar en 2013.
Por su parte, Aristegui Noticias reveló facturas por 489 millones de dólares a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para actualizar Pegasus y escalar las capacidades de espionaje.
En épocas de supuesta austeridad, cuando el recorte a proyectos nacionales de ciencia y tecnología y becas alcanzó en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el 23 por ciento, cabe la pregunta de qué criterios se utilizan para asignar partidas presupuestales y quién realmente se beneficia de la inversión en dinero público.
No hay claridad en el alcance del espionaje en México. Adicionalmente a Citizen Lab, las organizaciones R3D, SocialTIC y Article 19 han documentado los casos señalados por la prensa y la suplantación de identidad para lograr introducir el spyware al teléfono de las personas espiadas: desde hacerse pasar por entidades gubernamentales, alertas Amber, hasta amenazas de secuestro o revelación de fotografías privadas, entre otros.
El 19 de junio en la Ciudad de México se reportó el hashtag #GobiernoEspía como trending topic en Twitter, y hubo una multitud de comentarios cuestionando y demandando una explicación convincente de parte del gobierno.
La respuesta del presidente Enrique Peña Nieto fue instruir a la PGR para que investigue los ataques, deslinde responsabilidades y determine si las acusaciones tienen sustento. "Y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el Gobierno”, dijo.
Si bien nadie puede cuestionar la legitimidad de un gobierno para hacerse de información de inteligencia para temas de seguridad nacional como lo es el narcotráfico, el terrorismo y el orden público; claramente las personas víctimas del espionaje referido por las notas periodísticas no entran en esa clasificación, por lo que la conclusión más evidente es que se trató de una intervención contra adversarios políticos, lo cual constituye una transgresión inaceptable a los derechos digitales y la privacidad que están sustentados en el marco legal de nuestro país.
eduardo.durazo@cetys.mx | Ensenada, B. C.
En las semanas previas hemos sido testigos de un cúmulo de notas periodísticas en las cuales se da cuenta del uso de una herramienta de spyware llamada Pegasus, por parte del Gobierno Federal, para espiar a diversos activistas sociales, periodistas e integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de indagar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal "Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
Un spyware es una programa que se instala en un dispositivo electrónico (puede ser una computadora, tablet o teléfono) con el propósito de recopilar información de manera subrepticia y transmitirla a un tercero no autorizado por el propietario.
De acuerdo a Wikipedia, Pegasus es un spyware de última generación capaz de leer mensajes de texto, rastrear llamadas, recopilar contraseñas, localizar la ubicación del teléfono y recopilar información de aplicaciones como Gmail, Facebook, WhatsApp y Skype.
La mecánica de espionaje es relativamente sencilla, se envía un mensaje con un enlace que de abrirse habilita al spyware a tomar el control de la información del teléfono.
Sin embargo estos mensajes no son aleatorios, sino que se ha reportado que son mensajes redactados ex profeso para atraer la atención de quien lo recibe, por lo que no hay duda de que la tarea de espionaje busca seleccionar personajes específicos bajo criterios que no concuerdan con el supuesto objetivo de la herramienta tecnológica, que es combatir el crimen organizado y el terrorismo.
Procedencia del spyware
El primer reporte fue del activista árabe de derechos humanos Ahmed Mansoor. El activista buscó apoyo de Citizen Lab, organización de investigación en derecho digital, la cual determinó la procedencia en la manufactura del software a la empresa israelí NSO Group.
Esta firma es propiedad de una compañía de capital de riesgo de orígen estadounidense denominada Francisco Partners, la cual ha mostrado intención de vender la empresa en mil millones de dólares.
De acuerdo a la BBC, el portavoz de NSO Group, Zamir Dahbash, declaró: "La empresa sólo vende a agencias gubernamentales autorizadas y cumple con estrictas leyes y regulaciones de control de exportación”. Sin embargo, los reportes de espionaje contra activistas, periodistas y adversarios políticos en todo el mundo, evidencian que la empresa no puede y/o no tiene interés en hacer cumplir los fines para los que en teoría fue creado el software.
La inversión en México
En México, el diario The New York Times reveló tres facturas del gobierno federal por concepto de 15 millones de dólares, por tres proyectos sin especificar en 2013.
Por su parte, Aristegui Noticias reveló facturas por 489 millones de dólares a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para actualizar Pegasus y escalar las capacidades de espionaje.
En épocas de supuesta austeridad, cuando el recorte a proyectos nacionales de ciencia y tecnología y becas alcanzó en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el 23 por ciento, cabe la pregunta de qué criterios se utilizan para asignar partidas presupuestales y quién realmente se beneficia de la inversión en dinero público.
No hay claridad en el alcance del espionaje en México. Adicionalmente a Citizen Lab, las organizaciones R3D, SocialTIC y Article 19 han documentado los casos señalados por la prensa y la suplantación de identidad para lograr introducir el spyware al teléfono de las personas espiadas: desde hacerse pasar por entidades gubernamentales, alertas Amber, hasta amenazas de secuestro o revelación de fotografías privadas, entre otros.
El 19 de junio en la Ciudad de México se reportó el hashtag #GobiernoEspía como trending topic en Twitter, y hubo una multitud de comentarios cuestionando y demandando una explicación convincente de parte del gobierno.
La respuesta del presidente Enrique Peña Nieto fue instruir a la PGR para que investigue los ataques, deslinde responsabilidades y determine si las acusaciones tienen sustento. "Y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el Gobierno”, dijo.
Si bien nadie puede cuestionar la legitimidad de un gobierno para hacerse de información de inteligencia para temas de seguridad nacional como lo es el narcotráfico, el terrorismo y el orden público; claramente las personas víctimas del espionaje referido por las notas periodísticas no entran en esa clasificación, por lo que la conclusión más evidente es que se trató de una intervención contra adversarios políticos, lo cual constituye una transgresión inaceptable a los derechos digitales y la privacidad que están sustentados en el marco legal de nuestro país.
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