ECONOMÍA Y POLÍTICA

lunes, 29 de agosto de 2016 · 00:00
Y la SHCP dijo que no…

Cubrir una falta con una mentira, es reemplazar una mancha con un agujero.
Anónimo.

Mientras la aduana de EU se concentra más en tareas de seguridad nacional, sin descuidar – claro está – sus atribuciones fiscales, las autoridades aduaneras mexicanas se preocupan más por la recaudación fiscal que por la seguridad nacional, convirtiéndose así en una implacable y feroz policía fiscal del Estado.
Ello viene a colación por el reciente comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en donde le da palo a la intención del gobierno estatal de buscarle una solución al problema de los carros chocolates que pululan impunemente por todo Baja California con la complacencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que entierran la cabeza como las avestruces ante dicho delito.
¿Qué sigue? El gobierno estatal tiene tres opciones: 1) Aplicar estrictamente el Anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, suscrito con la SHCP; 2) Iniciar un programa de emplacamiento de los carros chocolates mediante el pago único de contribuciones estatales, y 3) Seguir como hasta ahora, es decir, no hacer nada fingiendo que no hay problema ni delito que perseguir.
Es de suponerse que la opción 1), la aplicación del referido Anexo 8, es lo correcto porque es una norma escrita, acordada con la federación y publicada en el DOF, lo cual no sólo implica que es de observancia obligatoria para las autoridades estatales, sino que el no hacerlo le causa daño fiscal, tanto a las arcas federales como a las estatales, pudiéndoseles imputar responsabilidades administrativas y hasta penales.
Si bien la opción 2), un programa estatal de emplacamiento, le pudiera causar al gobierno estatal un conflicto con la federación, no sería la primera entidad federativa que tomara en sus manos la solución del problema de los carros chocolate, sino que también pudiera generar recaudación por millones de pesos – que no le sobran – para invertirlos en nuevas vialidades o mejorar las existentes.
Además, un programa de emplacamiento de paso acabaría con el negocio de Anapromex y cuyos ingresos millonarios sólo benefician al sinvergüenza de Fidel Margarito Villanueva quien con la omisión (¿o complicidad?) de algunas autoridades se ha llenado a placer las bolsas con cantidades millonarias de pesos usurpando al gobierno y causándole daño fiscal, con la más descarada impunidad posible.
Si el Ejecutivo Estatal se pone de acuerdo con el congreso estatal, pudiera legislarse para prohibir que en Baja California, ninguna entidad o asociación civil pueda extender ningún tipo de distintivo que presuma un supuesto programa de regularización de carros chocolate, algo que no debe permitirse por no poder ser el objeto social que corresponda a la asociación entre particulares e incluso debe tipificarse como fraude.
Con inteligencia y sinergia entre los poderes estatales y los municipios se puede acorralar y estrangular a la cuasi delincuencial Anapromex, y de paso encarcelar al principal promotor del contrabando de vehículos así como al resto de su banda; si el gobernador Francisco Vega así lo decide, puede de tajo controlar el problema de los carros chocolate y enjuiciar al oportunista y vivales de Margarito Villanueva.
Algo le debe quedar claro al Ejecutivo Estatal, no va a recibir ayuda de la SHCP para regularizar los carros chocolates; el programa Placas BC de la administración anterior fracasó porque las autoridades hacendarias de Felipe Calderón no le brindaron el apoyo al gobernador José Guadalupe Osuna Millán.

...

Comentarios