ECONOMÍA Y POLÍTICA

Mas allá de la forma e intensidad de las manifestaciones, incluso de la aparición protagónica de los oportunistas de siempre, como Armando Reyes y Ramiro Orea – acostumbrados a lucrar manipulando necesidades de los más pobres – se encuentra una autÉntica expresión ciudadana de inconformidad.

El incremento a los precios de los combustibles y la aprobación la Ley del Agua sumaron voluntades de los bajacalifornianos de una forma como hace mucho tiempo no se veía; a ello se le suman los incrementos en el precio del gas doméstico y tarifas eléctricas, aunado a la escalada de precios de los bienes y servicios derivados del incremento en los costos de producción y operación de la empresas.

En política la percepción es realidad; la gente percibe un abuso en la forma de actuar de quienes dirigen las instituciones del gobierno y manifiestan su inconformidad con las medidas tomadas porque las consideran excesivas y antidemocráticas, es decir, no toman en cuenta el pulso de los ciudadanos.

Así, en todo el país las manifestaciones contra el incremento de los combustibles han unido, en su inconformidad, a clases sociales que en ocasiones entran en contradicción, porque tales incrementos afectan directamente el bolsillo de quienes más tienen e indirectamente el presupuesto de las mayorías.

Como siempre, el gobierno federal mediante promocionales de radio y televisión trata de explicar sus medidas; el problema es que su estrategia de comunicación es tardía y deficiente; peor aún, sin credibilidad ante un respetable molesto y con la acción cómoda de una oposición que añora ya el 2018.

Efectivamente, el gobierno federal literalmente vertió gasolina y la prendió fuego al juego de la sucesión presidencial que se avecina, dándole elementos a sus opositores para recrudecer la campaña anti EPN y contra el partido gobernante (PRI y sus aliados), incluso reforzando la postura populista y anti sistémica de AMLO, quien con toda tranquilidad opera aprovechándose del enojo generalizado.

Por si fuera poco, en Baja California se aprueba la Ley del Agua mediante un "fast track” que generó la molestia de la oposición y con ello la suspicacia de existir un trasfondo en beneficio de algunos particulares dada la posibilidad, permitida por la ley, de que pudieran administrar y operar – de forma total o parcial – la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, etc.

De ahí, la oportunidad de gente interesada para decretar a priori la sentencia de la privatización de los organismos operadores de agua y drenaje, lo que aunado al incremento en la tarifas, conjuntan los ingredientes idóneos de un caldo de cultivo que engorda la incertidumbre y el enojo de los ciudadanos.

Pero los gobernantes parecen no escuchar o entender ni la inconformidad social, ni mucho menos lo que se está poniendo en juego; los discursos y reacciones gubernamentales ante la inconformidad social son tomadas como paliativos e incluso con desconfianza por parte del respetable hoy enardecido.

¿Qué acaso el Gobierno federal es tan soberbio como para no atender el reclamo social por un incremento desproporcionado en los combustibles? ¿Acaso el Gobierno estatal es tan soberbio como para no entender el inadecuado momento para imponer una ley de forma apresurada y sin consensos?

Alguien debe avisarles a los gobernantes que el sistema liberal y republicano que aún prevalece en la Constitución Federal está poniéndose en riesgo para abrirle paso – por soberbia – al populismo destructivo de fácil discurso y aceptación, ante el hartazgo social que, por necedad, se cultiva desde las cúpulas de los gobiernos. ¿Quieren eso, destruir el actual pacto social? ¡Sigan como van! Al tiempo.

 

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