LA BUFADORA

lunes, 23 de enero de 2017 · 00:00
Mensaje sin entender

Los políticos en el poder siempre afirman que la solución a los problemas económicos del país y del propio gobierno, no se resuelven disminuyendo los salarios de los funcionarios electos y de designación de primero y segundo nivel, porque la partida para tal efecto representa un porcentaje mínimo del presupuesto total.
Sin embargo, cuando se revisan las prerrogativas de todo el aparato burocrático de los tres órdenes gobierno en las 32 entidades del país y la federación, desde el más alto servidor público hasta el más modesto trabajador, resulta que en términos generales el pago de nómina se come la mayor parte del erario, y queda muy poco dinero para otorgar servicios públicos de calidad y construir infraestructura productiva.
Lo que no entienden quienes viven del llamado "sistema” es que las actuales circunstancias exigen a que adopten medidas de austeridad que vayan más allá del discurso, y eso incluye también a la alta burguesía sindical de México, cuyas prestaciones se incrementan cada año, así como el número de plazas que se les asignan.
¿Por qué no participan en las marchas todos los empleados y profesores sindicalizados de dependencias federales, estatales y municipales? Ellos no tienen problemas, porque cada catorcena reciben puntualmente su salario, pero cuando por alguna razón se les retrasan sus pagos, entonces llevan a cabos paros laborales y ellos sí paralizan al gobierno cuando quieren. ¿Por qué no se hacen públicos los contratos colectivos de trabajo que avalan las autoridades?
En la marcha de este domingo, miles de ensenadenses no sólo demandaron otra vez que se dé reversa al gasolinazo, sino que se reduzcan los privilegios de la clase gobernante, pero en ese sentido no se observa que un diputado o regidor proponga que además de desaparecer el fuero también bajen sus percepciones; es más, ni siquiera los que en campaña prometieron disminuir su sueldo a la mitad lo han cumplido. 
Lo que hace falta es una ley de partidos que elimine el financiamiento que reciben, así como una legislación que establezca un tabulador de salarios en la administración pública que corresponda a la realidad del país, porque la corrupción que se registra en el gobierno echa por tierra el mito de que es necesario pagar millones a los funcionarios para que no tengan la tentación de robar, porque además de ser pésimos administradores, engordan la nómina con parientes, amigos y amantes, y todavía tienen el descaro de incrementar los impuestos para seguirlos manteniendo.

¿Será?
A finales del año pasado publicamos en este espacio que el ex alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, sería designado como delegado de la Comisión Nacional de Agua en Baja California, incluso él mismo lo dejó entrever en una costosa cena de agradecimiento que les ofreció a sus más cercanos colaboradores antes de la Navidad.
Por increíble que parezca lo anterior podría convertirse en realidad, y más si la actual síndico procuradora municipal, la militante del Partido del Trabajo, Karina Castrejón, se continúa tardando en integrar los expedientes que permitan presentar y sustentar las denuncias en contra de los responsables de haber desviado millones de pesos en el pasado Ayuntamiento. ¿Qué espera?

Van a incidir para el 2018
El Consejo Nacional del PAN que fue electo este domingo incidirá de forma "muy indirecta” en la elección del candidato presidencial para 2018. 
Luis Felipe Bravo Mena, dos veces dirigente nacional de su partido, estimó que, en todo caso, sólo podrá marcar línea y estrategia.
"En relación con 2018, el nuevo Consejo Nacional tendrá una incidencia muy indirecta, no digo que ajena, porque sin duda alguna marca línea y estrategia, pero no una determinación directa sobre el proceso de elección. Y menos aún en la definición del candidato”, afirmó.
Alrededor de cuatro mil delegados participaron en la sesión para votar a los 350 integrantes del Consejo Nacional, instancia que antaño elegía al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul.
En diciembre pasado, en asambleas estatales y municipales eligieron a 270 propuestas de consejeros para que sean ratificados por la Asamblea Nacional.
En al menos siete plazas, los consejeros propuestos estarían vinculados con el dirigente nacional, Ricardo Anaya. 
De los 350 nombres, una lista la palomeó la Comisión Permanente, con mayoría afín a Anaya, que fue puesta a consideración de la Asamblea Nacional. 
Entre otros, figuran Marko Cortés, jefe de la diputación federal y Javier Bolaños, presidente de la Cámara baja; Santiago Creel, asesor de Anaya; el portavoz del blanquiazul, Fernando Rodríguez Doval; su consejero jurídico, Eduardo Aguilar, y el responsable de asuntos internacionales, Marco Adame.
A la lista se sumaron el diputado Federico Döring, el ex diputado Isabel Trejo y el ex delegado de Benito Juárez en la Ciudad de México, Jorge Romero.
Entre las mujeres figuran la senadora Marcela Torres Peimbert, la diputada federal Kenia López y Blanca Judith Díaz.
También fueron incluidos calderonistas como Maximiliano Cortázar, vocero del gobernador poblano Rafael Moreno Valle; Gabriela Ruiz, ex tesorera de la campaña presidencial de Felipe Calderón, y el ex titular de la Conagua, José Luis Luege.

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