Truenan contra Claudia

Sí que la diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Claudia Agatón Muñiz, le erizó el cabello a varios productores de vino y prestadores de servicios turísticos del Valle de Guadalupe por lo que dijo ante un grupo de ensenadenses que se reúnen cada lunes con un invitado, sobre el supuesto “cobro de piso” que según la legisladora hace el crimen organizado a las empresas asentadas en esa zona vitivinícola, y hasta reunión de trabajo y todo pidió la diputada con los representantes locales de la Subprocuraduría de Justicia del Estado para atender el tema.

Sin embargo, tras lo manifestado por Agatón Muñiz, la mayoría de los empresarios y restauranteros de la Ruta del Vino se dieron a la tarea de averiguar quién o quienes habían sido víctimas de este aparente acto delictivo, y para su fortuna todo se trató de un flamazo informativo; nada en el horizonte, cero casos, ni uno solo.

Lo grave es que para este tipo de declaraciones se cumplieron los tres escenarios. El foro (el lugar pues), fuente con cargo importante (representante popular) y veneno puro en las declaraciones con el único afán de acaparar cobertura mediática sin medir las consecuencias. Por cierto, la Procuraduría General de Justicia del Estado aclaró que no hay una sola denuncia en ese sentido.

En términos coloquiales y con apoyo del celebérrimo y nunca bien ponderado Chavo del Ocho, lo más amable que podemos decir es que se le chispotió a la diputada, pero el asunto no parará ahí. Hay restauranteros y empresarios muy molestos y está un foco amarillo encendido por las repercusiones que eso pudiera acarrear para el turismo, la principal fuente de ingresos del Valle de Guadalupe.

Dos rayitas
En el centro del país, algunos analistas y politólogos sostienen que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene “en vilo” a la nación ante el inminente fenómeno digital (por el dedo) que cada seis años aparece en el espacio sideral mexicano. La verdad no, bueno no tanto.

Debían bajarle un par de rayitas, porque más preocupación hay, la verdad, por saber si los independientes de los distritos 03 y 07 de Ensenada van o no a completar el número de firmas, si el PRI postularía de nuevo a Marco Novelo en 2019 o si finalmente la taquería El Zarpazo decide abrir una sucursal en el centro.

Otro por el estilo, la Cámara Restaurantera de Tijuana, anuncia los premios anuales a la gastronomía y cerveza artesanal de Baja California, algo que definitivamente debe ser bienvenido por todos sus costados, pero una de sus categorías es a la revelación o mejor chef de Tijuana.

Disculpará la Canirac de Tijuana, pero este municipio hermano encabezará el número de homicidios, los pleitos del alcalde con la prensa y el número de inundaciones durante las lluvias, pero no en gastronomía. No aún.

Necesaria coordinación
Como nunca faltan los comunicativos que difunden detalles cada vez que concluyen reuniones donde se abordan asuntos trascendentes, resulta que los recién nombrados titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada DSPM), Gerardo Sosa Olachea y Jorge Íñiguez Díaz, respectivamente, todavía no se sientan a platicar porque aparentemente la agenda del jefe policiaco municipal está muy apretada; no obstante, lo anterior en sí mismo ya es preocupante, pero además ninguna otra autoridad municipal tampoco ha abierto espacio en su agenda para coordinarse con el nuevo encargado de la SSPE.

Pero aunque se reúnan los encargados de la seguridad del estado y del municipio, no podrían avanzar mucho, toda vez que en la DSPM hay alguien que no ha pasado los exámenes de control y confianza para que la coordinación se formalice.

A tomarles la palabra
Aunque no tuvo el eco que merece, la semana pasado el pleno del Congreso del Estado aprobó de manera unánime una propuesta del diputado Carlos Torres Torres, para reformar la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de que las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior, tengan la posibilidad de presentar iniciativas ante el Congreso local.

La reforma establece las reglas que deberán observar las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación Superior, para presentar iniciativas, aunque se deberá cumplir con el carácter técnico de la norma y reunir las características formales que debe tener un texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico y que, además, no transgreda ninguna norma de carácter local o nacional, como tampoco vulnere derechos fundamentales.