No más mordaza a la libertad de expresión

Los recursos públicos no pueden continuar enfocados en la promoción de figuras personales, debe privilegiarse el gasto de comunicación social en la utilidad púbica.

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandata al Congreso de la Unión a cumplir a más tardar el 30 de abril de 2018 para establecer la ley secundaria en materia de publicidad oficial, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, coordinados con la sociedad civil, deberemos de trabajar a manera de parlamento abierto para cumplir con lo establecido por los magistrados.

El gasto en publicidad no es malo, pero debe haber criterios claros de asignación para proteger la libertad de expresión y la transparencia, evitando que se utilice como un mecanismo de censura y extorsión a los medios, el clásico -no te pago para que me pegues- debe quedar atrás; es una ofensa al ejercicio de la libertad de expresión y una afrenta al derecho de la ciudadanía a estar informada.

La actual legislatura tiene la responsabilidad y la oportunidad de establecer en la Ley, las herramientas para proteger la libertad de expresión de quienes se dedican a la tarea de informar y de salvaguardar el derecho a la información de la sociedad.

Existen cerca de 15 iniciativas que se han presentado por diversos grupos parlamentarios, sin embargo es un tema que está en transitorios y no se ha alcanzado el consenso, sin embargo, ante el mandato de la corte, tenemos el catalizador para lograr de una vez por todas, que miles de millones de pesos que son utilizados anualmente de manera oficiosa y sin sentido para el bien común, quede erradicado en nuestro país.

Se debe de privilegiar el gasto publicitario en lo útil para la sociedad como las campañas de salud, protección civil, seguridad, etc y evitar la promoción de las figuras personales.

No es posible que el presidente Peña haya destinado en éste año, 9 mil millones de pesos para su imagen, es una aberración a las necesidades de la nación y no debe de suceder nunca más.

Las modificaciones al 134 constitucional deberán de cumplir con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos aprobados.

El argumento de la SCJN sobre la resolución del amparo de la Asociación Civil Artículo 19 señala que la omisión de expedir la ley, viola la libertad de expresión, de prensa y de información; este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes.

Además, la ausencia de regulación en publicidad oficial, propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión y el derecho social de estar informados sin cortapisas.

La legislación deberá establecer las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social.

Hoy como nunca, en la historia nacional, la transparencia en el uso de los recursos públicos debe ser pilar para abatir las viejas prácticas del poder en turno y transitar a una democracia participativa que permita la colaboración y participación de la sociedad en la construcción de una sociedad más equitativa.

* La columnista es diputada federal