¡No se ha extinguido!

Y después todo el dinosaurio sigue ahí.

El sistema político creado por los gobiernos postrevolucionarios, y cuyo emblema es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), reeditó casi 90 años después el más cuestionable de sus rituales para ungir a su aspirante a la presidencia de la república, y lo sorprendente es que cuando todos los pronósticos volvían a vaticinar otra vez el final de la era tricolor, resulta que buscarán mantenerse en el poder postulando a un economista y abogado que jamás ha militado en partidos, como José Antonio Meade, quien viene ocupando cargos públicos importantes desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, no se diga con Felipe Calderón Hinojosa, y obviamente en la presente administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto.

Lo paradójico es que esta añeja práctica del dedazo, tan repudiada por la oposición en el pasado reciente, ahora es emulada sin el mismo éxito por el resto de las fuerzas políticas, sobre todo por el pretendido Frente Ciudadano por México -conformado por el PAM-PRD-MC- y la alianza Morena-PT, donde también habrá imposición de candidatos, pero con el riesgo de que se registren fracturas internas, a diferencia de los priistas que en el arte de la simulación y mantener la disciplina son expertos.

Así que todo apunta a que los votos que se emitan en la próxima contienda presidencial se van a dividir en tercios, lo que implicará un resultado muy cerrado, que será impugnado por quienes resulten derrotados, y por ende terminará siendo definido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No es arriesgado vaticinar que se repita la película del 2006, y todo dependerá del candidato(a) que concentre los sufragios del hartazgo y el de los numerosos indecisos; además, otro factor determinante será lo que ocurra con los jóvenes y mujeres, especialmente las amas de casa, quienes se distinguen por no acudir a las urnas. Si algún contendiente logra convocarlos el escenario podría ser diferente.

Se reúne con gobernadores
En medio de versiones que sugieren distanciamiento de gobernadores panistas con su dirigente nacional, siete ejecutivos cerraron filas ayer con su líder Ricardo Anaya.

Anaya apareció en una foto rodeado por los mandatarios de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid; Antonio Echevarría, de Nayarit; Miguel Márquez, de Guanajuato; Carlos Joaquín Díaz, de Quintana Roo; José Rosas Aispuro, de Durango; Francisco Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y Pancho Domínguez, de Querétaro.

En la reunión también figuró el titular de la Comisión de Elecciones, Santiago Creel Miranda.

Al cónclave no asistieron los gobernadores calderonistas Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, y Martín Orozco, de Aguascalientes. Tampoco los mandatarios vinculados con Anaya, el veracruzano Miguel Ángel Yunes y el chihuahuense Javier Corral.

Recurren a independientes
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), recibió impugnaciones presentadas por diversos aspirantes presidenciales sin partido, entre ellos Margarita Zavala, María de Jesús “Marichuy” Patricio Santiago y Pedro Ferriz de Con, en contra de la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de aprobar medidas para facilitar el acopio de apoyos.

El pasado 8 de noviembre, el Consejo General del INE aprobó extender por siete días el plazo que tienen los independientes para recabar firmas y que, además, puedan recopilarlas en papel en 283 municipios marginados.

Sin embargo, en dicha sesión el consejero Enrique Andrade informó que son inviables las propuestas presentadas por Zavala y Ferriz de Con que buscaban alternativas para simplificar el proceso de recolección de firmas.

La ex panista propuso al INE permitir que la ciudadanía pudiera acudir a firmar en cualquiera de los módulos y juntas locales del organismo en todo el país; mientras que el periodista demandó al árbitro electoral abrir a la ciudadanía en general la aplicación móvil para recolectar las firmas, la cual sólo puede ser utilizada por los aspirantes y sus auxiliares registrados.

Ante la negativa del Instituto, el representante legal de Zavala, Fernando Poo Mayo, presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en donde se pide revocar la decisión.

Además, presentó otro recurso ante la Sala Superior para exigirle a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE que dé respuesta sobre el tope de financiamiento privado en la etapa de recolección de apoyo ciudadano.

Ferriz de Con, por su parte, reiteró que está a la espera de que los magistrados resuelvan su impugnación, en la cual pide que se le ordene al INE abrir a la ciudadanía en general la aplicación móvil para acopiar rúbricas.

La vocera del Congreso Nacional Indígena, “Marichuy” Patricio, quien en diversas ocasiones ha acusado que la herramienta móvil es discriminatoria, por lo que las firmas deberían poder juntarse en papel, también impugnó la negativa del organismo electoral a flexibilizar el proceso de recolección de apoyos.