LA BUFADORA

No hay austeridad

Por El Mosquito
jueves, 07 de diciembre de 2017 · 00:00

Es cierto que nuestro sistema electoral es muy caro, y también es verdad que tal vez sería más costoso no tenerlo, pero dadas las condiciones del país y el hecho de que el próximo año sólo habrá comicios federales, no se justifica que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) solicite para 2018 la friolera cantidad de 226 millones, 492 mil 601 pesos con 91 centavos, de los cuales 134 millones 244 mil pesos se entregarán a los partidos políticos como parte de su financiamiento público, mientras que 84 millones 553 mil pesos serán para el gasto operativo del propio IEEBC , más otros 7 millones 694 mil pesos para ejercerlos en instrumentos de participación ciudadana, cosa que suena bonito pero nadie sabe de qué se trata. ¿Por qué no prosperó en el Congreso local la propuesta de eliminar el financiamiento estatal a los partidos en años no electorales? Esos 134 millones se podrían asignar a la construcción de infraestructura productiva que tanta falta le hace a Baja California.

Ahora entendemos el por qué llevamos décadas observando cómo se recicla la misma clase política en la entidad y el país.

Y por desgracia, los órganos estatales electorales se han convertido en auténticas agencias de colocaciones, cuya existencia francamente no se justifica porque ya existe un Instituto Nacional Electoral con oficinas permanentes en los 300 distritos del país y con un servicio profesional de carrera.

El invento de los denominados Organismos Públicos Locales (Oples), lejos de fortalecer a los institutos estatales electorales, redujo sustancialmente sus facultades y tareas operativas, al grado que hoy constituyen una pesada carga presupuestal para las entidades federativas.

Baja California fue un estado pionero en materia de reforma electoral, pues aquí se ciudadanizaron los órganos electorales, se creó la primera credencial para votar con fotografía del país, junto con los listados nominales con imagen y las urnas transparentes, lo cual se replicó a nivel nacional; pero de ser vanguardistas pasamos al último lugar en participación ciudadana.

Esta costosa duplicidad de funciones se repite en los tribunales electorales, los consejos de la judicatura y demás organismos que operan con recursos públicos.

Prevén 300 mil votos del exterior
Rumbo a los comicios de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó 550 mil solicitudes de credenciales para votar desde el extranjero.

Del total de plásticos solicitados, alrededor de 520 mil (95 por ciento), corresponden a mexicanos que radican en territorio de Estados Unidos.

“Es una manera de empoderar a nuestros migrantes en los malos tiempos que corren en Estados Unidos”, comentó el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

El funcionario electoral detalló que hasta ahora llevan 450 mil micas entregadas y 180 mil activadas.

De acuerdo con la inscripción de ciudadanos en la lista nominal del extranjero, dijo que la meta es que alrededor de 300 mil mexicanos voten en los comicios del próximo año.

Recordó que en las elecciones presidenciales de 2006 votaron 36 mil ciudadanos que radicaban fuera del país y en 2012 alrededor de 45 mil mexicanos emitieron su sufragio desde el exterior.

En 2018, añadió el consejero presidente, también podrán votar para elegir senadores.

Destacó que actualmente los residentes en el exterior pueden solicitar su credencial sin venir a México y recibir el plástico en su domicilio.

Dona Corte recursos
El ministro Luis María Aguilar entregó al titular de Hacienda, José Antonio González, 2 mil 183 millones de pesos para apoyar la reconstrucción de zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se trata de ahorros efectuados en el actual ejercicio fiscal.

“Los recursos entregados son ahorros realizados en diversas áreas, tanto de la SCJN como del Consejo de la Judicatura, por lo que su entrega no afectará ni el presupuesto ni los objetivos presupuestales”, destacó el ministro Aguilar, en la firma del convenio de colaboración en la sede de Alto Tribunal.

El Secretario de Hacienda explicó que los recursos se van a canalizar a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Sin embargo, a este mosco le brincan varias preguntas: ¿es posible “donar” 2 mil millones de pesos sin afectar las tareas operativas del Poder Judicial?, ¿si son capaces de hacer tales ahorros porque no lo hicieron en años anteriores?, ¿el próximo año los ministros de la Corte se pondrán igual de caritativos con dinero que no es suyo?

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