jueves, 21 de junio de 2018
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INDICADOR POLÍTICO

Lo que la Ley de Seguridad Interior sí es y lo que no será

Por Carlos Ramírez

La crítica apasionada contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) se basa en percepciones y no en el principio del derecho que establece que está permitido sólo lo que está escrito en la ley.

La LSI es muy clara en lo que sí es:

  • La ley busca coordinación entre los poderes, las entidades y los municipios.
  • La seguridad interior está definida por la gobernabilidad democrática.
  • La LSI se apoya en la existente Ley de Seguridad Nacional (LSN).
  • Uso legítimo de la fuerza para “controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia” en situaciones de violencia criminal.
  • Reorganiza políticas, programas y acciones en función de la agenda de riesgos que establece la LSN.
  • ”Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos”.
  • ”Las movilizaciones de protesta social o las que tengan motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución bajo ninguna circunstancia serán consideradas amenazas de la seguridad interior ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.
  • La declaratoria de protección a la seguridad interior ocurrirá cuando “comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes” y cuando se originen “por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas o municipios en la preservación de la seguridad nacional”.
  • La declaratoria de protección a la seguridad interior “deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial y en los periódicos y gacetas de las entidades afectadas”.
  • Las legislaturas locales podrán solicitar declaratoria de protección de la seguridad interior. Y tendrán que clarificar razones, amenazas, espacio territorial y la temporalidad de la declaratoria.
  • En ningún caso las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las fuerzas armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.
  • Las fuerzas armadas “sólo intervendrán mediante la emisión de una declaratoria de protección de la seguridad interior, cuando las capacidades de las fuerzas federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza”.
  • Para la recopilación de inteligencia alrededor de la amenaza a la seguridad interior las fuerzas federales y las fuerzas armadas “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información” y toda la información “se realizará con pleno respeto a los derechos humanos”.
  • El incumplimiento a la LSI por parte de la autoridad “será sancionado en los términos del sistema de responsabilidades y del sistema nacional anticorrupción”.

Así que ni golpe de Estado, ni soldados al lado de los votantes para intimidarlos. La LSI acredita la incapacidad de las instituciones políticas, gubernamentales y policiacas para combatir a la criminalidad.

De ahí que la crítica a la LSI sea más esquizofrénica y responda a la lógica del avance del crimen organizado en las estructuras sociales y en la mentalidad política, como lo mostró Andrés Manuel López Obrador al proponer un pacto con los criminales.

Política para dummies: La política es, de todos modos, el arte de la mentira.

Sólo para sus ojos:

  • El político acomodaticio Dante Delgado también ya enseñó el cobre. Como si fuera el jefe de gabinete del gobierno aliancista en Los Pinos repartió candidaturas a capricho y a tono con su complicidad con el PAN. Si así manejará el gabinete de ganar el Frente, que se cuiden los funcionarios.
  • La dirigente perredistas Alejandra Barrales podría quedarse sin tres tortas: el FCM, la presidencia del PRD y la candidatura aliancista en Ciudad de México, porque en el PRD la ven como traidora porque se sometió a los caprichos den panista Ricardo Anaya.
  • El PRI sigue su camino de despriización de los cargos al lanzar al economista Mikel Arreola, director del Seguro Social, como candidato a la jefatura de gobierno de Ciudad de México. Algunos creen que el PRI moverá a los afiliados del IMSS a su favor y otros creen que el PRI no tiene nada que ganar y ayuda a hacer currículum a derrotados.

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