jueves, 18 de enero de 2018
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Ley de seguridad interior: ejército ya cedió DH, fuero y tribunales

Por Carlos Ramírez

El sentimiento anti militarista está llevando a la desactivación del escudo de seguridad nacional de la república; así, el paraguas de seguridad ya no será mexicano, sino estadunidense. La Casa Blanca espera el desmantelamiento del ejército mexicano para entrar a México como parte de su territorio de seguridad nacional.

A lo largo de los últimos diecisiete años, los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y el priista de Peña Nieto han desarmado la estructura de poder y seguridad del ejército, bajo el criterio de la defensa de los derechos humanos, Y si bien aumentaron las quejas durante la guerra contra el crimen organizado, los casos concretos fueron producto de la ausencia de un marco jurídico para su actuación.

Al fuero militar reducido y el juicio de militares en tribunales civiles se añade ahora el bloqueo a la ley de seguridad interior. Es paradójico que hoy en día haya quien afirme que no entiende el asunto de la seguridad interior. La Constitución de 1824 incluyó el tema al señalar en el artículo 110 las facultades del presidente: “poner en ejecución las leyes y decretos dirigidos a conservar la integridad de la federación, y a sostener su independencia en lo exterior y su unión y libertad en lo interior”.

La Constitución de 1857 fue más precisa en la fracción VI del artículo 85: “disponer de la fuerza armadas permanente de mar y tierra para la integridad interior y defensa exterior de la federación”. Y la de 1917, producto de la revolución, introdujo el concepto: “VI.- Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

La ley de seguridad nacional la promulgó Fox en 2005 como parte de una iniciativa impulsada por el Grupo civil y académico de especialistas en seguridad nacional y fijó el criterio ante amenazas externas. Sin embargo, Calderón declaró la guerra al crimen organizado y tuvo como respuesta una ofensiva no sólo contra la sociedad, sino contra el Estado y sus instituciones. Ahí surgió el concepto de seguridad interior: los ataques criminales al Estado, sus instituciones y el desarrollo nacional.

La estridente oposición a la Ley de Seguridad Interior (LSI) maneja sin racionalidad argumentos contra el ejército anteriores a la LSN porque en la actualidad los militares están acotados por la reducción del fuero de guerra, el juicio en tribunales civiles por asuntos de derechos humanos y la supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El argumento de los derechos humanos es obsoleto porque las fuerzas armadas ya están acotadas. Más aún, la Secretaría de la Defensa Nacional creó formalmente la Dirección de Derechos Humanos en su estructura y abrió oficinas para recibir quejas. Asimismo, la Sedena y la Secretaría de Marina han realizado seminarios formales sobre derechos humanos con la CNDH. Y hay militares sentenciados por violar derechos humanos, con el dato adicional de que fueron arrestados y procesados por la propia Sedena.

Por si fuera poco, la doctrina de seguridad interior está funcionando en México desde el 30 de marzo de 2014 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 y fue la base de la LSI.

Lo que queda es la preocupación por el debilitamiento del escudo de seguridad nacional del Estado mexicano y el zopiloteo del ejército de los EE.UU. para meterse en México.

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@carlosramirezh

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