Respaldan a Marcelino Zepeda Berrelleza

Ayer en la ciudad de Mexicali el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, recibió al licenciado Héctor Moreno Neri, quien le hizo entrega de un documento a través del cual los colegios, barras y asociaciones de abogados de Ensenada, expresan su respaldo para que el juez Marcelino Zepeda Berrelleza sea designado como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estadio.

A Moreno Neri lo acompañó a la capital de Baja California el dirigente de la Fedabo, Francisco Gerardo Salcedo Garcia, y ambos quedaron citados en dos semanas para continuar las iniciativas de leyes y reformas al código familiar de la entidad, con el propósito de que las personas que hayan nacido en los municipios del estado, puedan solicitar a los directores del Registro Civil hacer las correcciones a sus actas de nacimiento, sin necesidad de contratar a un abogado, para que se resuelva por la vía de la figura de la jurisdicción voluntaria.

Y en cuanto a los testamentos ológrafos pretenden recuperar esta figura ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de cada municipio, para darle más facultades a los delegados y así se proteja la voluntad de los que dejan testamento, y no sean invalidados por terceros, lo que daría certeza jurídica a un bajo costo, sin pagar notario público y solucionar gran parte de los problemas de los inmuebles en el Baja California.

Cabe señalar que dicha iniciativa y reforma de ley son iniciativas del Colegio de Abogados Independientes y Opinión Libre de Ensenada.

Condenan asesinatos
Los titulares del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral federal reprobaron los asesinatos de candidatos a cargos de elección ocurridos en el marco del actual proceso.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, señaló que el rechazo a la violencia se debe manifestar con el voto, y llamó a “refrendar esa vocación democrática que hemos venido construyendo a lo largo de más de tres décadas y que hoy nos brinda la oportunidad de recrear una vez más, en paz, nuestras diferencias políticas”.

Indicó que de diciembre de 2017 a la fecha se han registrado 19 asesinatos de precandidatos y candidatos.

Por su parte, Janine Otálora, magistrada presidenta del Trife, destacó que el ejercicio de los derechos político-electorales no debe y no puede tener como costo la integridad ni la seguridad de nadie.

“La violencia merma el ejercicio de los derechos, debilita el Estado, lesiona la credibilidad de las instituciones y genera un ambiente adverso para el proceso electoral”, señaló.

La magistrada reclamó la ausencia de garantías para que los ciudadanos tengan una vida digna.

“La pregunta que quiero colocar aquí en pleno año electoral 2018 es: ¿por cuánto tiempo más la vida tiene que estar en riesgo para que tengamos cuestiones tan básicas del Estado de derecho y del cumplimiento de derechos humanos como las premisas constitucionales y elementos fundamentales para que todas las personas estemos en condiciones de diseñar y ejecutar un proyecto de vida digna?”, planteó.

Cuestionan pensiones
El sistema de pensiones en México genera desigualdad horizontal, pues beneficiarios con características similares tienen acceso a paquetes diferentes, dependiendo de características como lugar de residencia o sector de trabajo, sostiene el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En la Evaluación Estratégica de Protección Social 2018, expone que las pensiones de vejez tienen un problema de tributación múltiple, ya que los trabajadores cotizarían en varios sistemas simultáneamente dependiendo del lugar donde laboren.

De acuerdo con el documento, en 2016 el 26 por ciento de las personas mayores de 65 años no tenía algún tipo de pensión o programa de apoyo económico.

En ese mismo año, un adulto mayor con pensión contributiva recibía 5 mil 564 pesos en promedio al mes, mientras que un adulto mayor beneficiario de programas de apoyo no contributivos recibía 536 pesos en promedio, lo cual refleja la fragmentación.

Alistan destrucción
De ser congelado este sexenio y después cancelado, el proyecto de Cédula de Identidad para menores, que costó más de 2 mil millones de pesos durante la administración anterior, está por terminar en la basura.

La Secretaría de Gobernación anunció que los documentos de identidad elaborados el sexenio pasado como parte del Registro de Menores de Edad y la Cédula de Identidad Personal, serán destruidos si no son solicitados por el titular de los datos o un representante.

En un Aviso General publicado en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia federal dio un plazo de únicamente 15 días hábiles contados a partir del pasado 12 de junio, para que las personas interesadas acudan por el documento de identidad.

Durante el sexenio pasado se recabaron las 10 huellas dactilares, imagen del iris y fotografías del rostro de 6.8 millones de menores de edad como parte del programa de Cédula de Identidad, que quedó inconcluso y fue cancelado por el gobierno actual.

Con los datos personales y biométricos de los menores, la dependencia federal elaboró 3.5 millones de cédulas -credenciales con la fotografía, nombre y CURP del menor-, aunque sólo entregó 1.8 millones y embodegó 1.7 millones.