La vida… es propiedad privada

Este pasado día 11, durante una reunión en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima Secretaria de Gobernación, afirmó que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador propondrá la Ley de Voluntad Anticipada. Confirmó que se promoverá en todo el territorio, especialmente en todos los estados que aún no cuenten con ella. Actualmente, sólo 11 estados cuentan con la ley. Estamos hablando de Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí.

La voluntad anticipada es la decisión personal de ser sometido o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar la vida cuando se encuentre en etapa terminal. En la Ciudad de México, la Ley de Voluntad Anticipada es vigente desde hace 10 años y consiste en un documento, el cual puede ser suscrito por el enfermo ante Notario Público, personal de salud y dos testigos que puedan velar por el cumplimiento de la voluntad del paciente.

La medicina moderna ha incrementado la esperanza de vida para todos. En la actualidad, la expectativa de vida en México es de 72 años para los hombres y 77 para las mujeres. Sin embargo, los procedimientos médicos que salvan tantas vidas nos someten en algunas ocasiones a decisiones difíciles, sobre todo en lo que se refiere al uso de tecnología que mantengan vivo en forma artificial a un enfermo en etapa terminal. En respuesta a ello, en algunos países del mundo se han creado leyes de voluntad anticipada, que permiten expresar por adelantado el tipo de tratamiento médico que se desea recibir frente a enfermedades terminales y accidentes.

La medicina tiene como una de sus bases fundamentales el respeto a la autonomía del paciente. Sin embargo, en muchos países no se hace caso a éste principio, cuando el enfermo decide no prolongar un tratamiento que a costa de su sufrimiento físico y mental, le mantiene vivo. En gran cantidad de los casos, el deseo del paciente a ejercer este derecho queda olvidado, cuando pierde sus facultades para decidir. Por ello, la elaboración previa de un documento de voluntad anticipada, facilitaría la actuación del médico ante este tipo de situaciones.

Las opiniones tremendistas tienen un peso importante cuando invocan la inviolabilidad de la vida y la desconfianza que podría generar su legalización. Las convicciones religiosas juegan también un papel decisivo. La postura de la Iglesia Católica es clara: el ser humano no tiene derecho a poner fin a su vida ni siquiera en este tipo de casos. La opinión de muchos colegas médicos gira en torno a esta afirmación. Pese a ello, algunos profesionales expresan su deseo de morir de otra manera, llegado su momento. Los esfuerzos deberían centrarse en hacer más confortables los últimos momentos de la persona que la está pasando mal, en lugar de alargar su sufrimiento.

Muchos de los que se niegan a reconocer la voluntad anticipada como legítima, se amparan en el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Lejos de violar este apartado, la muerte digna en estos casos parte del derecho de las personas a decidir sobre su propia vida.

En determinadas condiciones, alargar la existencia de una persona sí puede llegar a romper con el derecho incuestionable a la dignidad humana. Quienes basamos nuestra vida en la libertad y la autonomía seguramente responderíamos que se vuelve necesario morir cuando nuestra dignidad comienza a coartarse; morir dignamente para algunos resulta tan importante como vivir de igual manera. Obligar al que sufre a seguir viviendo en contra de su voluntad, dista mucho de la idea de justicia cuando es posible evitarlo.

Podría objetarse frente al hecho de pensar la dignidad como un concepto subjetivo. ¿Por qué tendría que respetar lo que otro considera digno si no es igual, o al menos parecido, a lo que yo considero como tal? Sencillamente porque vivimos en una sociedad plural; las diferencias tienen cabida en tanto que no afecten a otros. Tenemos derecho a diferir de lo que otros piensan, incluso a no estar de acuerdo en lo absoluto, pero ello no otorga el derecho de imponer lo que uno considera “lo correcto”. A fin de evitar imposiciones, más valdría exigir respeto en la medida en que uno ofrece lo mismo, pues de no hacerlo, el verdadero problema no sería la subjetividad sino la incapacidad de respetar y/o tolerar las diferencias de otro.

En este sentido, la voluntad anticipada, sería una opción que nos garantizaría la muerte digna a quienes, en caso de terminar nuestra vida al margen de la relación médico-paciente, consideramos indigno tener que morir en condiciones lamentables, sabiendo que las opciones para aliviar el sufrimiento físico y emocional se han escapado, resultándonos así nuestra existencia indigna e insoportable. La voluntad anticipada, sería una opción para quienes asumiéndonos como seres libres, consideramos mejor y más digno morir viviendo que vivir muriendo; nadie estaría obligado a tomarla; saldrá por ahí quien quiera salir, quien no, tendrá siempre las puertas de salida abiertas en otro lado.

* Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

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