INDICADOR POLÍTICO

Seguridad, pacificación, perdón y la gangsterizacion del Estado

Por Carlos Ramírez
martes, 14 de agosto de 2018 · 00:00

Los foros de seguridad de López Obrador parten de un enfoque equivocado: la inseguridad, la criminalidad y los muertos no son asuntos de víctimas, sino de la conversión de partes del Estado en cómplices del crimen organizado; es decir, el Estado criminalizado.

Por eso el perdón sin olvido es irrelevante, carecerá de resultados y en ningún momento disminuirá las cifras de muertos. Del total de los casi 250 mil muertos de enero de 2008 a julio del 2018 --diez años--, menos del 10% son de familias ajenas a la dinámica criminal directa y han sido afectadas como daños colaterales --desapariciones, torturas y muertes-- por una estrategia de respuesta violenta de seguridad sin controles ni capacitaciones.

Lo que ha estado en crisis en los últimos diez años es el Estado, lo mismo con acciones de seguridad atropelladas y reactivas, que con acciones de contrainsurgencia que han afectado a miles de poblaciones y familias. La conflagración no convencional en las calles entre el crimen organizado y Estado no ha logrado el objetivo central: la recuperación de la soberanía del Estado sobre los fueros y las zonas de los grupos criminales.

El equipo de seguridad interior del presidente electo --presidencia, Gobernación, seguridad pública y fuerzas armadas sin designar-- ha despertado falsas expectativas con su objetivo de pacificar el país porque en los hechos no hay una guerra convencional entre el Estado y el crimen organizado, sino una disputa de poderes --el poder criminal y el poder institucional, ambos coercitivos y buscando dominar al otro-- por zonas de control.

Se trata de la configuración del crimen organizado como una estructura de poder que ha penetrado a las instituciones del Estado en sus tres niveles para imponer sus intereses económicos. Por eso hay bandas criminales que han desplazado al Estado en tareas de seguridad, negocios, instituciones, cobro de impuestos e instalación de empresas y peor aún, se han convertido en un Estado paralelo.

Los foros de seguridad del equipo de López Obrador son apenas una mínima parte del problema; quizá el más estridente por el activismo de las familias en calles, reuniones y organismos internacionales: la violación de garantías y derechos de organismos del Estado en el combate a la delincuencia. Ello ha revelado una reacción del gobierno, no una estrategia del Estado.

El problema mayor radica en dos enfoques contradictorios en el equipo de seguridad interior del presidente electo: el jurídico de Olga Sánchez Cordero y el de seguridad de Alfonso Durazo. Ello se debe a dos deficiencias que tendrían que resolverse antes de seguir los foros o seguir acumulando fracasos ante la falta de respuestas-propuestas del próximo gobierno: la ausencia notoria de un diagnóstico de la crisis de seguridad y la indefinición de la seguridad pública-seguridad interior-seguridad nacional del Estado.

Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ignoraron que la crisis de seguridad era la crisis de existencia del Estado y el afán mediático del foro de López Obrador podría estar reproduciendo el problema de seguridad de 2008-2018. El dilema real para el próximo gobierno es concreto: pacificar al país o recuperar el Estado para su función primordial de garantizar seguridad.

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