Estructura “poder de poderes”

Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones a 32 delegados estatales y 264 delegados regionales para que en los estados los recursos federales lleguen directo a las familias y sin intermediarios.

El propósito, según dijeron algunos nuevos delegados, es que los recursos públicos no vayan “a la bolsa de los gobernadores”, no los toque un diputado o un alcalde, ni cobren moche por su asignación.

En un encuentro realizado el sábado pasado, AMLO pidió también a los delegados que se coordinen con el Ejército y las fuerzas federales para las tareas de seguridad, revisen los padrones de beneficiarios y consulten con las comunidades las obras de gobierno.

Estos delegados sustituirán a las delegaciones federales que por cada Secretaría de Estado existen en la actual Administración federal. Los enviados presidenciales han sido denominados como Delegados de Programas Integrales de Desarrollo. Habrá un delegado general por estado y en promedio 8 regionales por entidad, para sumar 296 en todo el país.

Tendrán comunicación directa con el nuevo presidente y realizarán acuerdos con los secretarios de Estado.

“Lo que pidió el presidente es que hiciéramos reuniones con la gente, para que los recursos se puedan ejercer en un esquema de presupuesto participativo en donde ningún diputado, presidente municipal o gobernador podrán intervenir para tratar de imponer al constructor, definir la obra o cobrar un moche”, relató uno de los delegados que participó en la reunión privada con AMLO.

La propia Olga Sánchez Cordero, quien se perfila para encabezar la Secretaría de Gobernación, informó que esos delegados manejarán los recursos que “siempre ha manejado el gobierno federal” a través de Sedesol y diversos programas.

La diferencia, dijo, es que ahora “bajarán los recursos a través de un solo delegado”.

Aunque Sánchez Cordero explicó que no interferirán con la actividad de gobernadores, la instrucción a los delegados es evitar que esos recursos sean tocados por los ejecutivos estatales.

Pelean PRI y PRD por escaño
Pese al descalabro que sufrieron en las urnas el pasado primero de julio, el PRI y el PRD se aferran a obtener un escaño en el Senado en entidades donde perdieron y que eran sus principales bastiones electorales.

La Sala Superior deberá resolver la mayor parte de las impugnaciones presentadas en contra de las elecciones al Congreso de la Unión antes de que el INE, el próximo 23 de agosto, haga la asignación definitiva de senadores y diputados plurinominales.

El tricolor promovió un recurso ante la Sala Superior del TEPJF, en donde solicita que, por un supuesto rebase de gastos, se anule la constancia de primera minoría que obtuvo el perredista Juan Zepeda, senador electo por el Estado de México.

De acuerdo a los cómputos distritales, en esa entidad los morenistas Delfina Gómez e Higinio Martínez, con 3.8 millones de votos, equivalentes al 47.9 por ciento de la votación, fueron la fórmula ganadora.

Con 1.98 millones de votos, que representan el 24.7 por ciento, Zepeda logró colarse como senador de primera minoría; mientras que el ex gobernador priista, César Camacho, quedó fuera de la Cámara alta al juntar 1.94 millones de sufragios, que equivalen al 24.2 por ciento de la votación emitida.

El PRD, por su parte, impugnó la constancia de primera minoría que recibió el priista Manuel Añorve Baños, senador electo por Guerrero, debido a que hubo diversas irregularidades en la elección, entre ellas intervención del gobierno estatal y errores en los cómputos.

Acabar con clientelismo
El especialista, Rogelio Gómez Hermosillo, señaló que el cambio del nombre de la Secretaría de Desarrollo Social será irrelevante si el nuevo gobierno no entiende la necesidad de acabar con el uso clientelar de los apoyos y dirigir los programas sociales a otro tipo de políticas públicas, como la económica y la laboral.

“El nombre no es tan importante, que se llame Secretaría de Bienestar no está mal pero, evidentemente, nuestro país necesita una nueva política social”, aseguró del director de la asociación civil Frente Ciudadano contra la Pobreza.

“Le pueden cambiar el nombre a la Secretaría por -ojalá así sea- Bienestar, pero que no sea con clientelismo y que no caiga todo el trabajo ahí.

“Porque si la Secretaría del Trabajo, si la Secretaría de Hacienda, si la Secretaría de Economía, si la Secretaría de Agricultura, no ayudan a mejorar los ingresos de la gente, no va a haber soluciones para el bienestar de las personas y para que se reduzca la pobreza en México”, señaló.