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La Iglesia, la dignidad de la persona y los salarios

Por: Heberto Peterson Legrand Miembro de Odeco
lunes, 30 de marzo de 2015 · 00:00
Muchas personas ignoran que es lo que piensa la Iglesia católica respecto del trabajo y del salario.
La Iglesia piensa que en toda relación humana e institucional jamás se debe ignorar la dignidad de la persona que debe servir de base y punto de referencia fundamental.
Todo hombre y mujer es poseedor de una dignidad que le viene por ser hijos de Dios, por ser seres pensantes y libres con un destino trascendente, que tiene conciencia de su pasado y de su futuro, que su dignidad no se sustenta en posiciones de orden económico, político o social y que todos tenemos la misma dignidad independientemente de sexo, actividad, posesión económica. Todos somos hermanos e hijos del mismo Padre, de allí viene nuestro auténtico abolengo.

La iglesia se pronuncia por un salario justo, un salario que no puede ser, sin más, el salario que determina el mercado en el libre juego de la oferta y la demanda afirma la encíclica Rerum Novarum (1891) del Papa León XIII. También dice que un salario es justo sólo si responde a las necesidades del trabajador: el salario justo nunca puede identificarse sin más con el salario del mercado. De hecho el famoso salario mínimo no es sinónimo de justicia y con él quienes lo otorgan sólo quieren acallar su conciencia. Sostiene que constituye un horrendo abuso, y debe ser eliminado con todo empeño, que las madres de familia, a causa de la cortedad del sueldo del padre, se vean en la necesidad de buscar un trabajo remunerado fuera del hogar, teniendo que abandonar sus peculiares deberes y, sobre todo, la educación de los hijos. La realidad hoy en día es que trabajan los dos e incluso otros miembros de la familia para poder vivir "decorosamente”. La encíclica Quadragesimo Anno 1931 publicada con motivo de los 40 años de la Rerum Novarum y que corresponde al Papa Pío XI al respecto dice que: tiene que llegar para cubrir las necesidades de la familia que depende del trabajador; ha de tomar en cuenta, desde luego, las condiciones económicas de la empresa y de la sociedad nacional e internacional. El trabajador debe cuidar no ser instrumento de líderes que medran con sus necesidades y lo único que buscan es acabar con las fuentes de trabajo o utilizarlos para ocultos propósitos políticos y si acudir a los líderes con verdadera autoridad moral que sí se preocupan por sus verdaderos intereses, necesidades y derechos como el tener acceso a la salud, educación etc. Por otra parte sostiene que es completamente falso atribuir sólo al capital, o sólo al trabajo, lo que es resultado conjunto de la eficaz cooperación de ambos y es totalmente injusto que el capital o el trabajo, negando todo derecho a la otra parte, se apropie la totalidad del beneficio económico. 
La encíclica Mater et Magistra (1961) del Papa Juan XXIII, es la que elaboró de forma más completa los criterios que deben presidir la determinación de la retribución del trabajo.

Ya la encíclica Rerum Novarum (1891) habla de las condiciones físicas que no pongan en peligro la vida o la salud del trabajador en la empresa: salubridad, seguridad, horarios, descansos.

La doctrina Social de la Iglesia sostiene que se debe librar a los pobres obreros de la crueldad de los ambiciosos, que abusan de las personas sin moderación, como si fueran cosas para su medro personal, convirtiendo con ello al trabajador: obrero o jornalero etc., en esclavo atentando con ello en contra de su dignidad como Ser humano.. O sea, que ni la justicia ni la humanidad toleran la exigencia de un rendimiento tal, que el espíritu se embote por el exceso de trabajo y al mismo tiempo el cuerpo se rinda a la fatiga.

La doctrina sostiene que si el funcionamiento y las estructuras económicas de un sistema productivo ponen en peligro la dignidad del trabajador, o debilitan su sentido de responsabilidad  o le impiden la libre expresión de su iniciativa propia, este orden económico es injusto, aún en el caso de que, por hipótesis, la riqueza producida en él alcance un alto nivel y se distribuya según criterios de justicia y equidad. A los trabajadores hay que darles una participación activa en los asuntos de la empresa donde trabajan, tanto en las privadas como en las públicas, participación que, en todo caso, debe tender a que la empresa sea una auténtica comunidad humana.

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