La Bufadora

Al cierre de la semana pasada dimos a conocer las investigaciones que realiza el gobierno norteamericano sobre ilegales aportaciones de dinero hechas por José Suzumo Azano a las campañas políticas de candidatos norteamericanos, entre ellos el ex alcalde de San Diego Bob Filner y el senador demócrata californiano Juan Vargas. 

El primero, abortado como alcalde por pervertido (acoso sexual) y el segundo aún senador por California. 

Filner fue un activista en Estados Unidos movido por Jaime Martínez Veloz (ahora Comisionado federal para Asuntos Indígenas) en la demanda contra Sempra Energy (y participante de foros y encuentros en ambas fronteras), en respaldo de José Susumo Azano, socio y patrocinador de Ramón Eugenio Sánchez Ritchie en la misma disputa contra Energía Costa Azul, de Sempra. 

Juan Vargas ha sido un crítico incesante contra la energía eólica proyectada en Energía Sierra de Juárez, uno -de varios- actores en la región que proveerá a Sempra Energy de electricidad producida con viento. 

Vargas ha dicho que esa energía producida en Baja California provocará pérdida de empleos ¡en California! (por poco dice que contagiará la gripe).

Así, Filner, Vargas, Azano, Veloz y Sánchez Ritchie rebotan en la misma licuadora.

También hace unas semanas, el delegado federal de la Sedatu, Enrique Acosta Fregoso, abogado de Sánchez Ritchie en la misma demanda, informó que un tribunal agrario (en donde uno de los magistrados participantes es tío de Martínez Veloz), resolvió que Energía Costa Azul debía devolver el predio en disputa con Sánchez Ritchie, Veloz, Acosta, Filner y Vargas. Acosta dice que él deberá acatar esa resolución, pero también deja a entrever que aún falta trecho legal por cumplirse, es decir, no hay tal entrega.

En este embrollo, calificado como chantaje y colosal intriga de corte político, judicial, legal, ambiental, mediático y hasta de empleos perdidos, el grupo utilizó al ex alcalde Enrique Pelayo Torres para que al más puro estilo de Rambo, enviara policías a clausurar la planta almacenadora de gas natural, porque el permiso de uso de suelo, arguyó, no era compatible con el Cocotren (un plan de desarrollo turístico de la zona) pero apenas unos días antes, el hijo del alcalde recibió en su cuenta bancaria de Coronado, California, una transferencia hecha desde Zapopan Jalisco (sede de los negocios de Susumo Azano) de 2.14 millones de dólares depositados por César Cásarez, un asistente y operador de José Azano, el más interesado de todos en que Pelayo cerrara la planta con la que tiene la disputa del predio, del que también se supo, se acabaría con la entrega de unos 300 millones de dólares.

Aunque Pelayo nunca quiso responder las preguntas que se hicieron los ensenadenses en torno a la verdadera trama de esos nexos entre Azano, su hijo y él, representadas en ese depósito millonario en dólares (publicadas puntualmente por El Vigía hasta el último día del XX Ayuntamiento) el ex alcalde dejó una demanda activada del gobierno municipal en contra de la compañía que provee de gas natural a la CFE en Baja California y otras 55 empresas de Tijuana y Tecate.

Como para levantar la mano, también hace unas semanas el ex candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Felipe Ruanova, aprovechó la caída de la carretera escénica (por causa de deslaves de arena y roca del subsuelo, humedad, lluvias, resonancia de  tráfico pesado y hasta ruido ambiental) advirtió que Energía Costa Azul podría provocar el fin del mundo si ocurría un sismo.

Ruanova, desde siempre, ha sido el operador mediático contra Sempra, que lo mismo por correos grupales o por sus solitarias publicaciones en la red, utilizaron los del Grupo Zapopan: Acosta, Veloz, Sánchez Ritchie y Pelayo, para ejercer presión sobre la empresa.

Tanto lo hicieron, que en los inicios de la administración municipal utilizaron los nexos de la izquierda del PRD para promover la visita a Ensenada de diputados federales a instancias del entonces legislador perredista zacatecano, José Narro Céspedes, entonces presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación de Chiapas, cuya primer presidencia la ocupó como legislador Jaime Martínez Veloz.

En toda esta trama, el también regidor perredista del XX Ayuntamiento, Joaquín Bolio, utilizó los servicios del abogado Omar Arellano, enlace de Enrique Acosta en la demanda contra Energía Costa Azul, para acercarse al juez décimo de distrito, entonces radicado en Ensenada, José Neal André Nalda, quien posteriormente fue suspendido provisionalmente por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para ser investigado por su presunto favorecimiento a importadores de vehículos usados, en cuyo asunto está vinculado por una grabación, precisamente, Enrique Acosta Fregoso.

Ahora que el gobierno norteamericano investiga los depósitos de dólares hechos por Susumo Azano, vale la pena tener en cuenta los vínculos y la enorme red tejida por el mexicano de ascendencia japonesa, lo mismo en Estados Unidos para cambiar al jefe de la policía que de este lado de la frontera para encabezar el más complejo e inverosímil entramado político, judicial y mediático que reunió a todas las fuerzas políticas, llegó hasta altas esferas del poder y aun hoy, tiene una llama encendida en el cuarto piso del palacio municipal.

La preocupación de un amplio sector empresarial es que Azano, a través de Acosta, Veloz, su tío, Sánchez Ritchie, Narro, André, Bolio o Arellano,  no vaya optar por el llamado de la sangre. 

Es lo único que le falta.