Nubarrones

El gobierno municipal y su cabildo, quizás el alcalde o el recaudador, han decidido echarse un trompo a la uña. 

Sucede que se encuentra en el anteproyecto de ley de ingresos municipales un apartado de almacenaje mayor que incluye cobros de .25 veces el salario mínimo general (smg) a dos veces el mismo salario directamente proporcional a la superficie que ocupe.

El anteproyecto establece como superficies para zonas de carga y descarga, depósitos mayores para almacenaje o acopio de sal, minerales, arena, grava y otros materiales en general, los cobros son únicos al año por tonelada de hasta 500 m² dos smg por tonelada anualmente, de 500 a 1,000 m² 1.5 veces; de 1,000 a 5,000 m² 1 smg; de 5,000 a 10,000 m² 0.5; y de 10,000 m² en adelante 0.25 veces el smg anualizado.

Por los conceptos, el gravamen va con dedicatoria a la minería de metales (fierro, oro, plata, cobre, plomo y zinc principalmente) y no metálicos (roca, grava y arena), dejando a salvo el almacenaje de gases y de productos agrícolas y pesqueros. 

El problema va a radicar en las tarifas. Si la roca, grava y arena que sale del puerto (no hay más que Pétreos del Pacífico) supera el medio millón de toneladas, ¿cuál es la superficie de almacenaje?, ¿serán los lechos de los arroyos donde se extrae o el sistema de bandas instalado en la terminal de pétreos que carga las barcazas casi al mismo tiempo que llegan las góndolas? Menudo problema será ese de las superficies, porque igualmente la exportadora de sal dispone de un centro de producción-almacenaje de sal para carga en Baja California Sur (Guerrero Negro) como otro de carga de barcazas en la Isla de Cedros.

El problema es que las empresas no son pequeñas, su importancia es por los volúmenes que manejan y el impuesto se dirige con especial énfasis en las cantidades asociadas a la superficie. Alguien tiene que informarle al Ayuntamiento cuales son los precios de mercado de las toneladas de sal, roca, grava y arena, no sea que el espíritu de Pelayo quiera salir de las coladeras del centro de gobierno.

Desde el domingo 7 de abril pasado las redes sociales fueron inundadas por comentarios e información relacionada a la orden de aprehensión -girada por un juez federal- para Guillermo Trejo Dozal, secretario de Gobierno de Baja California, ahora con licencia.

Y resulta que 72 horas después, dos diputados locales deciden sacar su bola de cristal del armario para decirnos que… ¡Es fuego amigo!

O sea, que el documento fotocopiado de la orden de aprehensión que se entregó hasta el abarrote de la esquina, lo hizo alguien que quería el puesto de Trejo. 

Eso dijo el diputado del PRD, Roberto Dávalos. Que las pugnas al interior de la Secretaría de Gobierno entre el titular hasta hace unas horas, Guillermo Trejo, con el subsecretario Salvador Morales Riubí, fue la causa del traspiés. Derecha la flecha.

Acomodado en la misma línea de pitonisos, el diputado Armando Reyes señala que el documento vino a acelerar el proceso, que a causa de ello es que Trejo renuncia y que la PGR se tardó dos meses en capturarlo.

Debe saber el lector que esto último se desprende de una simple ojeada al documento en mención fechado en enero pasado. 

Eso, y ver la fecha de El Vigía en su edición de hoy, tiene el mismo genio.

Lo que es un hecho, es que el tema seguirá al parecer lo que le resta de la semana, porque entre las redes, los medios locales, la licencia y el alboroto de ésta, siguen los medios nacionales que desde ayer replican la información generada en Baja California, asunto que tomó vuelos distintos porque coincide con otro escándalo de un secretario general de Gobierno, el de Michoacán acusado de reunirse con los jefes del crimen organizado en esa entidad del cartel conocido como los Templarios. Ayer la muy leída e influyente columna "Dinero” del bajacaliforniano -sino nativo, sí adoptivo-, Enrique Galván Ochoa, le da un vuelo a este escándalo que las plumas locales no habían percibido del "latinogate”. La verdad es que sí sonaron raras dos actuaciones previas al escándalo. Uno, el aviso de Juan José Rodríguez Prats, el coordinador nacional de la campaña de Ernesto Cordero, que vino a decirle al gobernador Francisco Vega que sacara las manos del proceso de renovación de dirigencia panista, y dos, las carteleras de recepción distribuidas por el PAN la víspera de la visita presidencial a Tecate. 

Para quienes no lo ubiquen, toda vez que su residencia y vida empresarial se desarrolló en Playas de Rosarito, el empresario y dueño del club Marena, Jaime García, fue ejecutado por desconocidos la noche del martes pasado. El Club Marena fue el que adquirió la propiedad del campo de golf y desarrollo habitacional, Baja Country Club construido en las colindancias de las delegaciones de Maneadero y Chapultepec por el desaparecido empresario Carlos Terán del Río. El homicidio ocurrió por la carretera escénica a la altura de los arenales, en la delegación Primo Tapia. Su acompañante y socio del club, Carlos Mijes, resulto ileso.

Hay quien dice que el caso del dirigente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien solicitó licencia a su cargo para que se investigue una denuncia de trata de personas, no es el único que existe. Que en Ensenada este fenómeno se reproduce y les pagan el triple que en el DF.