Disparejos

Existe la probabilidad de que el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, haya violado la ley al designar al doctor Guillermo Trejo Dozal como secretario general de Gobierno del Estado, porque si el Juzgado Sexto de Distrito confirmó la orden de aprehensión dictada por la PGR y relacionada con una querella del gobierno federal en un litigio iniciado desde 2013, es muy probable que cuando inició la administración estatal ya existiera una orden de aprehensión anterior, y de la cual el ex secretario general de Gobierno se estaba defendiendo, pero que finalmente fue confirmada por un juez federal en segunda instancia.

La cuestión es que para fungir como secretario general de Gobierno en Baja California, la Constitución estatal condiciona a que la persona propuesta debe estar en pleno goce de sus derechos políticos y estos derechos se pierden según la Constitución Federal cuando se está sujeto a un proceso judicial que amerita cárcel a partir de la fecha de la formal prisión. Y si bien no se cumplía en su totalidad este requisito, al menos Trejo Dozal sí estaba siendo procesado penalmente y es muy posible que sí existía una orden de aprehensión anterior en su contra. Entonces el doctor Trejo Dozal nunca debió ser secretario general de Gobierno hasta que no tuviera una sentencia a su favor, que es precisamente lo que ahora busca.

Pero curiosa es la política, porque a pesar de estar siendo juzgado por un delito federal, Trejo Dozal, amigo cercano del gobernador, le llovieron cartas y pronunciamientos de apoyo moral, desde el sector empresarial hasta de políticos opositores, como la presidenta estatal del PRI, Nancy Sánchez Arredondo, quien en igualdad de circunstancias y con más ahínco, debió hacer lo propio en el caso de su correligionario el ex regidor Raymundo de la Mora, quien fue víctima de una grilla de parte de un diputado que se dice aliado de los priistas. Pero lejos de ello, los otrora diablos sospechosamente se han quedado bien calladitos y se mostraron muy disparejos ante situaciones parecidas. 

Enrique Alatorre Navarrete, uno de los 20 aspirantes a reemplazar a Jaime Solorio Alejandré como delegado municipal de San Quintín, criticó la posible determinación del alcalde Gilberto Hirata Chico de sucumbir a la presión de la regidora María Verónica Hernández Valdez, para imponer a su ahijado político, el ex regidor Gil Espinoza Gámez, al frente de la delegación municipal San Quintín.

Comentó que en una reunión con Hirata Chico el pasado fin de semana, éste ofreció resolver la sustitución en el transcurso de esta semana, aunque debido a las largas que le ha dado al asunto, no tiene la confianza que así ocurra.

¿Se atreverá Hirata a designar al diablillo de Gil como su representante en una zona tradicionalmente marginada?, sobre todo después del escándalo de apuntar a su esposa y a su suegra como beneficiarias de un programa de apoyo social en sus tiempos de edil, siendo que como regidor ganaba más de 40 mil pesos al mes.

El Gobierno federal premió en 2013 a los estados con 100 mil millones de pesos extras. Las 32 entidades federativas que recibieron el año pasado ese monto mayor a lo presupuestado lo obtuvieron principalmente de convenios y subsidios del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas”, es decir partidas que no son las tradicionales y cuya asignación queda a discreción del Gobierno Federal.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados analizó que las fuentes tradicionales para entregar recursos a los estados, "Aportaciones Federales”, reguladas en la ley de Coordinación Fiscal, y "Participaciones Federales”, determinadas por fórmulas en la Ley de Ingresos, tuvieron una variación mínima respecto a lo presupuestado.

Pero en las asignaciones del Ramo 23 -en donde se ubican varios de los fondos presuntamente usados por los diputados para pedir "moches”-, es donde se registró un aumento significativo.

"Sobresale que los Convenios y Subsidios del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas se ubicaron por arriba de lo estimado en 97 mil 690.8 millones de pesos, esto es, 98 por ciento de la expansión del gasto federalizado”, detalla el análisis.

En total, el año pasado los estados recibieron un billón 427 mil 90.5 millones de pesos, cuando lo presupuestado fue un billón 327 mil 089 millones.

De acuerdo con el análisis, en los recursos federales entregados a los estados y el DF, se observó que sus principales componentes, las Aportaciones y Participaciones Federales que representan el 76 por ciento del gasto están en conjunto, prácticamente en línea con lo que se había estimado para el ejercicio fiscal 2013.

"Los Convenios y los Subsidios del Ramo 23, que le otorgan flexibilidad y holgura al gasto federalizado presentaron crecimientos significativos derivados de la firma de convenios con las dependencias del Gobierno federal, principalmente para atender las necesidades de los sectores de Educación Pública, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, señala en sus conclusiones el Centro de Estudios.