La Bufadora

Otro de los "focos rojos” que la administración estatal que encabeza Francisco ‘Kiko’ Vega debe resolver con urgencia es el del desempleo. Hasta hace menos de una década, la tasa de desempleo de Baja California se había mantenido entre las más bajas del país, invariablemente debajo de la media, pero ese idilio se acabó.

No solo hemos dejado de ser el gran campeón del trabajo en México, sino que nos encontramos en la zona de la tabla donde se encienden alarmas. La media de desocupación a nivel nacional es de 5.1%, pero en Baja California estamos todavía  bordeando el 6% ubicados entre los cinco estados con mayor desempleo en México junto con Tamaulipas, Tabasco, Baja California Sur y Sonora. 

La gran caída se produjo en 2008 y 2009 y a la fecha no hemos podido recuperarnos. El Gobierno del Estado insiste en ver el vaso medio lleno y presume 13 mil plazas creadas en lo que va del año, de las cuales más de 9 mil 400 son permanentes. Su meta es generar 38 mil nuevos empleos en el 2014, pero en la calle aún anda más de 50 mil personas sin empleo seguro.

Por desgracia, el vaso medio vacío aparece en una encuesta de Imerk donde se revela que en cuatro de cada diez familias hay por lo menos una persona que no tiene empleo y en dos de cada diez familias el empleo se perdió en los primeros tres meses de este año.

Lo preocupante es que no se ve alguna respuesta contundente, radical o alguna idea creativa para revertir esta tendencia con nuevas inversiones y proyectos productivos mientras que el seguro de desempleo, que en teoría justifica el alza a los impuestos, genera más dudas que certezas y los expertos en economía dudan mucho que pueda representar una solución. La mayoría de los líderes empresariales no tiene muchas esperanzas en que este seguro haga la diferencia. Al mismo tiempo, es innegable que la migración o las deportaciones están creciendo. No hacen falta estadísticas para darse cuenta que al menos en Tijuana, hay más gente sobreviviendo en las calles. Lo que es evidente no pude ocultarse.

Entre los profesores de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ya anda el run run de que la esposa del ex rector Alejandro Mungaray Lagarda, la profesora Patricia Moctezuma Hernández, quiere convertirse en la próxima rectora cuando termine su periodo en diciembre próximo Felipe Cuamea Velázquez, quien pertenece al mismo grupo.

Es de todos conocidos que la familia Mungaray ocupa diversos espacios en la Máxima Casa de Estudios, tanto en Mexicali, como en Ensenada y por supuesto en Tijuana. Los hijos, las hermanas y hasta el cuñado de Alejandro Mungaray han estado prendidos de la ubre de la Máxima Casa de Estudios desde hace varios periodos.

El poco prolífico ex secretario de Desarrollo Económico, cuyo proyecto de Zona Económica Estratégica está durmiendo el sueño de los justos, intentará reafirmar su reino a través de su esposa, después de que su hermana Rebeca Mungaray no lo logró.

Miembros de la comunidad docente de la UABC aseguran que este poder de Mungaray está ligado a la esfera política, en especial con el Partido Acción Nacional, ¿será?

Por otro lado dicen que a quien se le cuecen las habas por intentar ser rector de la máxima casa de estudios es a Ángel Norzagaray, actual director de Servicios Estudiantiles y ex director del Instituto de Cultura en el anterior gobierno panista.

Dicen que Norzagaray podría ser la segunda opción de Mungaray por conservar el poder dentro de la Universidad. El director de teatro colaboró muy cerca de don Alejandro en su periodo de Rector y se hicieron muy buenos cuates, por lo que el mexicalense es parte del proyecto.

En el Ayuntamiento de Tijuana, como nunca los trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza, han sentido, aunque un poco, lo que siente el común de la raza.

Acostumbrados a privilegios y algunas libertades por ser burócratas, ahora deben entrar a la hora indicada a la chamba y lo nuevo, ¡a pagar el impuesto predial!, basado en el criterio de que los empleados y funcionarios del Ayuntamiento deben poner el ejemplo.

En una corrida que se hizo entre unos 3 mil 600 empleados y funcionarios se detectó que un 60% no paga el Predial, por lo que se les empezará a cobrar vía nómina.