Argumentos, no adjetivos

- ¿A qué se opone? - Miedo a la burocracia - Cordero en Ensenada - ¡No te acabes instituto!
martes, 15 de abril de 2014 · 22:32
En las elecciones locales de 2004 y 2013 el Partido del Trabajo (PT) estableció una alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), siendo el más beneficiado el actual legislador petista Armando Reyes Ledesma, quien previamente había sido regidor en los trienios 2004-2007 y 2010-2013.
Obviamente, en los comicios federales Reyes Ledesma y el PT siempre han sido fieles al PRD, pero sobre todo a la figura de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, a pesar de lo cuestionable de estas alianzas electoreras, ahora resulta que Reyes Ledesma se opone a la aprobación de la iniciativa que busca establecer la Ley del Servicio Civil, la cual propone el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, toda vez que fue una de sus principales promesas de campaña.
Armando Reyes también acusa a la bancada del PRI en el Congreso del Estado de respaldar dicha propuesta, a la que tachó de tener un "carácter patronal, además de ser antidemocrática de origen porque no se consultó a la base trabajadora al servicio del Estado y los municipios”.
Desde luego que se vale disentir, y la oposición como el resto de los legisladores tiene la obligación de defender los derechos de todos los ciudadanos, no de una minoría privilegiada y ruidosa.
De entrada, el diputado del PT debe precisar qué puntos específicos de la iniciativa de ley son los que rechaza y sustente con argumentos su postura en contra, que ofrezca datos concretos, y deje de lado los adjetivos calificativos.
Es muy fácil decirse representante de "izquierda” y descalificar reformas con las frases de siempre en contra de los llamados poderes fáticos, el yunque, el capitalismo, el neoliberalismo y demás expresiones alegóricas.
También resulta cómodo exigir consultas populares para los temas en que no se está de acuerdo, y votar unilateralmente cuando los vientos soplan a favor de intereses particulares.

¿A la congeladora?
El diputado local del PRD, Roberto Dávalos Flores, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y quien también ocupa una curul gracias a la alianza que su partido hizo con el PAN en 2013, también dejó entrever que la Ley de Servicio Civil "es sólo una propuesta y puede tener modificaciones o quedarse en el camino, como ha sucedido en dos ocasiones que no la han aprobado legislaturas pasadas”.
A través de un comunicado, el legislador perredista sostuvo que "la ruta de la Comisión de Gobernación en el tema de la Ley de Servicio Civil, es seguir propiciando la apertura para que los bajacalifornianos den cuenta de ella, y sobre todo a quienes les compete directamente el tema, que es la clase trabajadora sindical”, o sea los burócratas de base.
Sobre lo anterior, Dávalos Flores debe tener muy presente que su millonario salario y lo que cobran puntualmente cada 14 días los burócratas, sale de los impuestos que pagamos la mayoría de los bajacalifornianos que no tienen el privilegio de pertenecer a la alta burguesía sindical, como ellos.

Duda razonable
Dice el viejo adagio popular que "cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, y tal vez en eso están pensando los propietarios de las compañías de seguro "patito” que venden a diestra y siniestra seguros para automóviles a precios bajísimos, porque si el segundo en importancia del Gobierno del Estado cayó por formar parte de una empresa que vendía seguros de gastos médicos sin las certificaciones que exige la ley, entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también tiene la obligación de supervisar si alguien expide facturas piratas… ¿qué no?

Priano
Ernesto Cordero Arroyo trae un discurso crítico hacia quienes utilizando el poder público estatal quieren ganar a través de la nómina, la entrega de despensas y de dinero. ¿Será por eso que se resbaló el otro día y dijo que quería ser presidente del PRI?

Buscan apurar relevo
El nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), tendrá fechas fatales para remover o ratificar a todos los consejeros electorales del país.
De acuerdo con el proyecto de reforma político-electoral que se negocia en el Senado, el Consejo General del organismo deberá nombrar a los nuevos funcionarios estatales a más tardar el próximo 30 de septiembre.
Esos servidores públicos serán los responsables de los comicios que se llevarán a cabo en 2015 y que involucran a un total de 17 entidades federativas.

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