Manosean la PDH

El joven Heriberto López López, regresó como subprocurador de los Derechos Humanos (PDH) en Ensenada, puesto que había dejado hace más de dos meses al ex regidor priista Raymundo de la Mora Arvide, quien renunció la semana pasada para promover un juicio contra las personas que lo señalan públicamente como ciudadano "non grato” por aprobar un reglamento de uso de suelo para la Ruta del Vino, normatividad que jamás entró en vigor al ser derogada por el actual Cabildo.

Desde su creación, allá por el sexenio de Ernesto Ruffo Appel como gobernador de Baja California (1989-1995), la PDH fue una franquicia que los panistas le concesionaron durante más de 20 años al Partido de la Revolución Democrática (PRD), a cambio de que los diputados locales perredistas votaran a favor de todas las iniciativas blanquiazules, una de alianza de facto que beneficio al clan que regenteó las siglas del sol azteca durante todo ese periodo.

Sin embargo, debido a las coaliciones que se establecieron en las elecciones locales de 2013, la PDH ahora es una posición que reclama otra fuerza de la oposición, en este caso el Partido de Trabajo.

Así que la "defensa” de los derechos humanos seguirá siendo moneda de cambio.

Cuchillito de palo 

Otros almacenajes son de: cemento, contenedores (del puerto), grava y arena, productos agrícolas y pesqueros, productos mineros, autos chatarra y vino… ¿qué no?

A través de las redes sociales circula el siguiente mensaje. "Esta palabra (ineptocracia) aún no se encuentra en el diccionario de Oxford, y por lo tanto ha tenido que ser "googleada”. Es una nueva palabra, acuñada recientemente, que puede ser encontrada en las camisetas que se venden en eBay. Lee lentamente y trata de captar las realidades que están dentro de esta definición. Me inclino por esta palabra y creo que se convertirá en una reconocida parte del vocabulario inglés y también español. Ineptocracia: 

Sistema de gobierno en el que los menos capaces para dirigir son elegidos por los menos capaces para producir y donde los miembros de la sociedad menos propensos a sostenerse a sí mismos o a tener éxito en la vida, son recompensados con bienes y servicios pagados con los bienes confiscados a un reducido número de productores”.

En el trienio de 1992 a 1995, el entonces alcalde de Ensenada, Óscar Sánchez del Palacio, decidió que la calle Segunda se urbanizara con un material denominado "cuas”, que por cierto ha resistido el paso del tiempo, a diferencia de los trabajos de bacheo que anualmente se llevan a cabo y que requieren de una inversión millonaria. 

Este mosco ha llegado a la conclusión de que la ciudad de Ensenada es donde se realiza la peor reparación de calles en el país, porque no es posible que en una zona donde casi no llueve el estado de las vialidades sea tan deplorable. Así que todos salimos perdiendo mientras unos cuantos se enriquecen aplicando asfalto de pésima calidad, sólo basta revisar cuánto dinero se ha invertido en la última década para rehabilitar arterias que al siguiente año necesitan ser reencarpetadas por enésima ocasión. Es más, el famoso "dragón” del gobierno estatal también ha resultado un fiasco. ¿Por qué no volvieron a utilizar el "cuas”?; ¿será porque dura mucho tiempo?

No hay que ir tan lejos para buscar dirigentes políticos con una vida personal cuestionable.

Los alcaldes del país tienen en la mira a templos, aeropuertos, puertos, oficinas administrativas estatales y federales, entre otros, para incluirlos en el cobro del predial.

Quien tomó la iniciativa es la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), que propuso eliminar las excepciones en el pago de este impuesto, a fin de duplicar su recaudación y fortalecer sus finanzas.

Bárbara Botello, presidenta de la Fenamm, mencionó que las instalaciones mencionadas están de manera injusta e ilegal exentas del pago del predial, el cual representa la principal fuente de ingresos de los municipios.

La propuesta es reformar el Artículo 115 constitucional para establecer la obligación del pago de este impuesto de manera generalizada. Sólo estarían exentas las instalaciones del Estado que se usan para servicios de salud y educación.

También promoverán que en la Ley de Ingresos de la Federación 2015 se eliminen los privilegios en los títulos de concesión federales, porque tan sólo por 117 aeropuertos y puertos marítimos que se encuentran dentro de estas excepciones, los municipios están dejando de recibir mil 755 millones de pesos anuales.

¿Tan pronto fuego amigo en el Gobierno del Estado?