No es el agua, es la Cespe

En su tradicional estilo el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, aseguró ante reporteros locales que el tema del desabasto de agua en Ensenada le había quitado el sueño, pero que ya había vuelto a recuperarlo gracias a los pozos del Cañón de Doña Petra.

Se dice que por cada persona que se pronuncia a través de los medios -ahora sumemos a las redes sociales- hay otras tantas que comparten sus ideas pero no las manifiestan. Los posicionamientos van desde una simple charla, un "me gusta” en facebook y hasta salir a la calle para gritarlo. 

Pero entre todos estos -y los que solamente piensan y rumian su impotencia- hay muchísimos más. Algunos encuestólogos subrayan que es un centenar por cada uno que se atreve a salir de su anonimato.

Por todos ellos es que el problema del agua en Ensenada requiere encender otro foco rojo de alerta, porque la inconformidad no es precisamente política o partidista, tampoco proviene de enemistades personales ni es impulsada por intereses económicos o de grupo. 

Se trata lisa y llanamente de insatisfacción pura, de impotencia ahogada y de una profunda incertidumbre por no saber qué va a pasar con el suministro, qué sigue, cuándo habrá un plazo o cuál será simplemente el futuro de sus trastes para alimentos, sus sanitarios, las regaderas, su ropa y todas aquellas necesidades elementales que provee el agua, fundamentalmente de higiene. De lo único que sí se sabe, es de la extraordinaria puntualidad del recibo de cobro.

En este entorno existen cuestionamientos tan difíciles de responder, como imposibles de perdonar. 

El primero es que el organismo operador, la Cespe, no debió permitir que el estado de cosas llegase a tal punto crítico. No debió hacerlo porque su administración cumple más de 24 años continuos, los que han sido emanados de los gobiernos del Partido Acción Nacional. 

No hay desfase político ni partido al que acusar. Han sido ellos por cinco lustros, los que han estado al frente con toda la responsabilidad para administrarla. Esto es, organizar el crecimiento, planear el abastecimiento, mantener las líneas de conducción, optimizar la recaudación. Esas son las funciones de la Cespe que en cinco lustros no ha cumplido, porque en todas existe ineficiencia, o en su caso, incompetencia para atenderlas y resolverlas. 

Por este enorme rezago es que cobra vida la versión de que la Cespe, que administra tan vital elemento para la población, ha sido saqueada y mal administrada para atender otros propósitos, los de la caja chica de los procesos electorales, como se ha sospechado todos estos años. 

Sospechas que crecen cuando "borra” del panorama auditable cualquier dato sobre adeudos e ingresos cada siete u ocho años con el "borrón y cuenta nueva”, mediante decreto. 

Eliminan no sólo las cuentas de deudores, sino los mismos registros que debían perdurar para una mínima revisión de las autoridades hacendarias o de evaluación estatal como la Contraloría o el Orfis.

Rezagos imperdonables, carencias inhumanas, crisis deliberadas, pero sobre todas las cosas, un terrible desdén por atender la emergencia que vive la ciudad. 

Indiferencia impensable si se tratara de resolver sus sueldos, compensaciones, viáticos y demás privilegios que goza la nómina V.I.P. de la paraestatal.

Eso es lo que irrita a la población.

Aristóteles Núñez Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aceptó que se investiga una red de funcionarios que desde el 2010 se encuentran involucrados en el tráfico de autos desde Estados Unidos.

Dijo que algunos empleados ya no laboran en la dependencia y otros funcionarios actualmente son investigados por el Órgano Interno de Control del SAT.

Asimismo, comentó que fue el SAT quien solicitó a la Suprema Corte de Justicia que hiciera uso de la facultad de atracción, para que fueran ellos quienes resolvieran sobre la legalidad de las suspensiones que se ha otorgado a ciertos importadores de vehículos usados de EU.

"Esto fue desde 2012, respecto de algunas resoluciones de suspensión provisional o definitiva, que hicieron algunos jueces, particularmente el juez segundo de distrito en Baja California”, precisó.

José Daniel González Vargas, juez Primero de Procesos Penales Federales en Veracruz, fue suspendido el 12 de junio sin goce de sueldo por el Consejo de la Judicatura Federal, para investigar los beneficios que, cuando estaba adscrito a Mexicali, otorgó a importadores de autos usados para no cumplir con requisitos de un decreto presidencial.

El 23 de junio, González promovió un amparo contra el oficio de suspensión, en el que alega violaciones a siete artículos de la Constitución.

Si la demanda es admitida a trámite, el juez puede a su vez solicitar una suspensión para que se le permita seguir en funciones, o para que pueda seguir percibiendo parte de su salario.

La Ley de Amparo prohíbe este recurso para impugnar actos del CJF, pero en el pasado, una mayoría de ministros de la Suprema Corte ha considerado que sí se deben permitir las demandas en ciertos casos.

González Vargas y su colega, José André Nalda, fueron suspendidos en mayo de 2012 por denuncias de varias irregularidades, incluidos los beneficios a importadores de vehículos, pero dos meses después fueron reinstalados.