- Agenda pendiente - Periodismo y poder - Consumidor indefenso

domingo, 31 de agosto de 2014 · 21:37
Propuesta ciudadana
 
Mientras los partidos y el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, naufragaban en su intento de crear la Comisión Nacional Anticorrupción, la sociedad civil elaboró una propuesta que, desde abril pasado, la cual fue puesta a consideración del Congreso y de la sociedad por parte de la Red para la Rendición de Cuentas.
Académicos y especialistas de la sociedad civil, organizados en la Red, proponen que el nuevo órgano anticorrupción se enfoque a la prevención de este tipo de prácticas y no sólo al castigo, que cuente con un órgano colegiado a fin de evitar la titularidad unipersonal y que se le doten de facultades para conocer casos de los tres niveles de gobierno.
En el documento Propuestas de la Red por la Rendición de Cuentas a la Reforma Constitucional en Materia de Combate a la Corrupción, la Red aboga por la autonomía constitucional para este nuevo órgano, a fin de dotarlo de la independencia necesaria para investigar y resolver los casos.
En dicho modelo, además de la sanción de los ilícitos, cobra importancia el análisis y erradicación de las estructuras y prácticas institucionales que favorecen la corrupción, a fin de prevenirlas.
El documento plantea que el nuevo órgano lleve a cabo la investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción, mediante cateos administrativos, auditorías y medidas cautelares y de apremio.
Las formas de activación de los procedimientos será a través de denuncias presentadas por órganos autónomos, los Poderes o cualquier persona, así como por la vía de la atracción, presentación de pliegos de posición de los órganos Internos de Control o por oficio.
Finalmente, se propone que cada entidad federativa establezca su propio órgano anticorrupción, el cual deberá contar con tres características mínimas: autonomía plena y personalidad jurídica y patrimonio propios.

¿Y la sana distancia?
 
Muy comentado fue en este pasado fin de semana dentro del círculo de los medios de comunicación, la posible creación de otra organización de periodistas, a la que de entrada ya casan con un proyecto político, pero los convocantes deberán tener mucho cuidado de guardar la sana distancia con las instancias de poder, porque basta recordar que la mayoría de los auténticos periodistas de Ensenada se opusieron totalmente a la aprobación de la llamada "Ley Chayote” por parte del Congreso del Estado.
Al vapor de las contiendas políticas, ahora muy anticipadas, no faltan los legisladores y partidos que buscan promoverse a través de nuevas asociaciones, además de que les sirven de muro de protección.
El periodismo es una profesión invadida, en la cual no se respetan las certificaciones y que bajo la bandera de la libertad de expresión da cabida a que se conviertan en "opinadores” desde ex funcionarios, profesores grillos, regidores con mucho tiempo libre, ex candidatos frustrados y vendedores de publicidad que con singular alegría se convierten en "líderes de opinión” sin tener el respaldo de un certificado de comentarista especializado, tal y como lo establece la ley… pero en fin.

Mínima protección
 
El 59 por ciento de mexicanos se siente poco o nada protegido como consumidor, revela una encuesta del periódico Reforma.
De acuerdo con el estudio realizado a 450 mexicanos adultos, el 54 por ciento ignora cuáles son sus derechos como consumidor, en tanto que un 44 por ciento afirmó que sí los conoce.
Según el sondeo, aunque el 55 por ciento de los entrevistados ha sido objeto de algún abuso al comprar un producto, bien o servicio, sólo 22 por ciento dijo haber acudido a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en alguna ocasión.
Entre estos últimos, la mayoría opina que el servicio brindado por la dependencia fue poco o nada satisfactorio.
Aunado a esta sensación de desamparo, 73 por ciento de los mexicanos cree que en la Profeco hay funcionarios que se coluden con las empresas para falsear pesos y medidas.
Además, 83 por ciento opina que en México la ley protege más a las empresas que a los consumidores. 
Entre los negocios que los mexicanos ven como los que más abusos cometen en contra de los consumidores destacan las gasolineras con 55 por ciento.
Le siguen las casas de empeño con 13 por ciento de las menciones, los supermercados o tiendas departamentales con 12 por ciento, y las tiendas de abarrotes o expendios con 11 por ciento.
De acuerdo con la encuesta, la confianza en la Profeco divide opiniones, mientras 47 por ciento dijo confiar en esta institución, otro 47 por ciento desconfía de ella.
Así que ahora la Profeco, que a través de su delegado en Baja California, Julio Felipe García Muñoz, anda muy activa contra casas de empeño, moteles y centros nocturnos, también debería atender los reclamos por la venta de litros incompletos en las gasolineras.

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