La Bufadora

El senador, Marco Antonio Blásquez, giró oficios ayer al juez Víctor Manuel Bravo, al alcalde Gilberto Hirata Chico y al secretario de Gobierno del Estado Francisco Rueda, a fin de que se abra una mesa de diálogo en la que se escuche el interés de los locatarios de La Bufadora, y se pondere la posibilidad no sólo de escucharlos en juicio, sino de resolver el diferendo a través del diálogo.

"Es necesario que el juez Séptimo pondere la posibilidad de considerar a los locatarios como parte del juicio. Los 50 años que llevan operando en ese lugar, así como los muchos argumentos de desahogo con que cuentan, obligan a atenderlos”, dijo Blásquez.

El senador dijo que en este juicio se observa dolo y prisa de parte del juzgado correspondiente y del área jurídica del Gobierno del Estado.

"La prisa con que se resuelve y la inusitada presión que están poniendo sobre el alcalde Hirata para que desaloje abre la sospecha de que se está sirviendo a otros intereses”, dijo Blásquez.

El legislador por Baja California presentará este martes un punto de acuerdo en la Cámara Alta para exhortar a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que, en coordinación con el Gobierno del Estado, busquen opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial contiguo al predio de La Bufadora, que permitan a los habitantes del municipio de Ensenada conservar dicho atractivo turístico, a los locatarios mantener la fuente para la subsistencia de sus familias y al Ejido Coronel Esteban Cantú certeza jurídica sobre el polígono de dotación de tierras.

En el marco de la siguiente reunión convocada en Ensenada, por la Comisión Especial de diputados de la XXI Legislatura de Baja California para el análisis y solución de la problemática de la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, rendirá un informe detallado de los acontecimientos la delegada de Caminos y Puentes Federales (Capufe) Rosa María Castañeda Guadiana.

Al respecto, el diputado presidente de la comisión especial para la Escénica Armando Reyes Ledesma convocó a legisladores locales y federales, autoridades de los tres niveles de gobierno, empresarios y organismos de la sociedad civil, así como a la sociedad interesada en el tema, para el próximo viernes 26 de septiembre, a las 12:00 horas, en el Centro Cultural Riviera del Pacífico.

El legislador que también preside la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, comentó que el objetivo principal de la mesa de trabajo es el informe debidamente detallado sobre todo lo acontecido en la carretera escénica por parte de Capufe, donde quienes así lo deseen podrán intervenir en dicha comparecencia.

La mala calidad del transporte y la insistencia de los concesionarios por aumentar el costo del pasaje es una situación detectada a través de un estudio realizado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) en 2007, cuando se realizó justamente el Estudio de Transporte Urbano de Ruta Fija de la ciudad de Ensenada, y fue asesorado por expertos de León, Guanajuato. Fue un estudio muy intenso y con excelentes resultados.

Los resultados mostraban hasta un 70% de traslape en algunas rutas por diferentes líneas de transporte, lo que significa que compiten por centavos y gastan una cantidad increíble de gasolina, desgaste de unidades y afectan el flujo vehicular de manera innecesaria. Lo cual implica que periódicamente tengan que subir el costo del pasaje para poder solventar el continuar con ese esquema de rutas de transporte. En el argot de los transportistas dicen; las rutas buenas compensan a las malas.

El estudio aportó que evitando el traslape de las rutas y haciéndolo óptimo, reasignando rutas más eficientes, la flora de microbuses bajaría en un 40% su número, ahorrarían del orden del 40% en combustible, refacciones y desgaste de unidades. Y aumentarían sus ganancias del orden de un 50%.

En conclusión, no se requiere de autorizar aumentos en el transporte, sino de reorganizar y coordinar el transporte en Ensenada, a través de un consejo técnico asesor donde se tenga un experto en la materia que puede ser el responsable del estudio que se realizó, un abogado a efecto de respaldar el proceso y un notario que de fe, y los líderes de las diferentes líneas de transporte a los que se les presente una propuesta justa para la reasignación de rutas y que firmen o se les retira su permiso. De otra manera pasarán los años y seguirá el problema.

Por ejemplo, cuando implementaron el metrobús en la avenida Insurgentes en el D.F., pidieron a los permisionarios del transporte que se pusieran de acuerdo, como nunca lo hicieron, sacaron a todos de la avenida y el gobierno consiguió recursos para meter el transporte público. Si en el DF que es un monstruo lo hicieron, en Ensenada puede hacerse.