LA BUFADORA

Mientras los residentes de la mancha urbana de Ensenada exigen que se resuelva lo más pronto posible el suministro de agua, es evidente que los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno no están orientados en ese sentido, y tampoco es la prioridad de los diputados federales que representan los distritos de esta entidad fronteriza, quienes han orientado todas sus baterías en el caso de la reducción del IVA al 11 por ciento.

 

¿Qué pasaría si el gobernador, el alcalde, el Congreso local y los legisladores federales estableciera una agenda única y todos empujarán en el mismo sentido?

 

El problema es que cada funcionario electo, ya sea municipal, estatal o federal, tiene su propia agenda y ni siquiera coincide con la de sus correligionarios, en buena medida porque sus acciones están orientadas a continuar con su carrera política y no centrarse en la solución de los grandes rezagos.

 

Así que de entrada habría que preguntarles a todos los funcionarios públicos que pretenden ser candidatos en el 2016, si durante su gestión han cumplido de manera eficiente con su trabajo.

 

Hay quienes sostienen que es legítimo tener deseos de aspirar a una candidatura, pero ese deseo debe estar acompañado de méritos.

 

A través de un comunicado, el coordinador de los diputados federales del PAN en Baja California, José Teodoro Barraza López, señaló que "para los 108 legisladores de su partido la disminución del IVA en la frontera es un compromiso que se ve reflejado en la iniciativa presentada el mes pasado con el firme propósito de atender una demanda de las familias que residen en la frontera norte”.

 

Barraza López mencionó que a la iniciativa de la disminución al 11% del IVA se han sumado las fracciones de los partidos Movimiento Ciudadano, Encuentro Social (PES), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y lo analiza el de la Revolución Democrática (PRD). ¿Será?

 

Desde la legislatura pasada y en la actual, los diputados locales y federales coinciden en que la federación debe decretar a Baja California como una "zona económica estratégica o especial”, que permita un trato fiscal diferenciado y por ende aumenten la competitividad de esta entidad fronteriza.

 

Ayer, desde sus respectivas tribunas, el diputado local priista, René Mendívil Acosta, y el diputado federal panista, Jorge Ramos, hablaron de este tema y no hubo diferendos en sus planteamientos.

 

Mendívil Acosta advirtió que "la entidad ha dejado de ser competitiva, perdiendo, con ello, terreno frente a entidades como Querétaro y Guanajuato, que han atraído inversiones en industrias que eran de bandera para Baja California, como la aeroespacial”.

 

Incluso sostuvo que "en materia económica, la pérdida de competitividad ha sido la constante en la última década. En los diez años transcurridos entre 2003 y 2013, la economía bajacaliforniana experimentó una tasa de crecimiento anual promedio de 2.2%, por debajo de la nacional, y muy inferior a la de Baja California Sur, Sonora, Quintana Roo, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, que promediaron entre un 4.1 y 5.1%, durante el mismo periodo”.

 

Agregó que se trata de un ritmo de crecimiento muy lento, alarmante para una entidad que contó, alguna vez, con un intenso dinamismo económico. Y es que, mientras en el 2000 el estado contribuyó con un 3.4% al Producto Interno Bruto nacional, en el 2013 apenas llegamos al 2.8%.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer el proyecto ganador del Concurso Nacional de Ideas, el que le dará una faceta radicalmente nueva al máximo órgano electoral, con una inversión de aproximadamente mil 400 millones de pesos, de los cuales 700 millones ya aprobó la Cámara de Diputados en el presupuesto para 2015.

 

La nueva cara del INE tendrá en el mismo espacio dos enormes torres, una plaza pública de 4 mil metros cuadrados, mil cajones de estacionamiento y una pista de ciclismo.

 

Los consejeros confían en que el Congreso apruebe otro monto de 700 millones de pesos para, en los primeros meses de 2016, echar a andar los trabajos.

 

Un grupo de afamados arquitectos -bajo la presidencia de Enrique García Formetí, Premio Nacional de Arquitectura- otorgó el primer lugar al arquitecto Héctor de la Peña López de entre un grupo de 52 propuestas. 

 

El ex procurador General de la República Ignacio Morales Lechuga dio fe del fallo como notario público 116.

 

El consejero electoral Ciro Murayama explicó en entrevista que la inversión se cubrirá en unos doce años, merced al ahorro que representa "las rentas” de varios de los inmuebles por los que el INE paga anualmente unos 300 millones de pesos.