LA BUFADORA

A diferencia de lo que ocurrió en las dos últimas administraciones municipales, hoy se observa una menor estridencia en las exigencias salariales del sindicato de burócratas que en Ensenada preside Antonio Anguiano, aunque ciertamente no tienen de qué quejarse, pues los empleados de base gozan de inmejorables prerrogativas, una de ellas próxima a entregárseles, que es un bono de más de cinco mil pesos que recibirá cada sindicalizado para que festeje a la autora de sus días, aunque disfrazan esa "prestación” con otra denominación para despistar.

Un sector de los transportistas de Ensenada realizó hace dos semanas un plantón en la explanada municipal, para exigir que los integrantes del Cabildo autoricen el aumento al precio del pasaje, pues tal solicitud tiene más de un año en la congeladora. Incluso los concesionarios advirtieron que subirían el tono de sus protestas si no atendían pronto su reclamo, pero tal parece que en este asunto intervino la dirigencia estatal del PRI para que los inconformes dejarán sus manifestaciones para después de las elecciones federales intermedias, que tendrán verificativo el próximo domingo 7 de junio.

En su edición impresa de ayer, como su nota principal, el periódico El Universal reveló que "en los últimos 81 años, periodo de prohibición de la reelección legislativa continua, 88 familias han tenido el control de 455 posiciones legislativas federales. De estas dinastías, 53 han tenido presencia en las Cámaras federales de entre nueve y 18 años; y 35 de entre 21 y 57, según una revisión efectuada a lo largo de 27 Legislaturas. 

Se trata de un conjunto de 230 legisladores pertenecientes a las castas que han dominado el Congreso desde 1934, las cuales han sorteado reformas y partidos para prolongar su permanencia. Muchos de los parlamentarios son candidatos en el proceso electoral en curso, y algunos hasta tienen asegurada la curul correspondiente a su clan, por la vía plurinominal.  

Pero no son sus prendas personales ni su popularidad o sus alianzas circunstanciales, las que les reportan el acceso a las postulaciones. Su patrimonio político reside en la cuna, el linaje, la casta, los apellidos reconocibles a oídos de la opinión pública y que abren las puertas del Congreso y en general del poder político: Rojo-Lugo, Batres, Vicencio, Sansores, Monreal, Alcaine, Manatou, Martínez, Ortega, Padierna… 

Al monopolio de las candidaturas y de la representación en manos de las familias revolucionarias y de sus prolongaciones caciquiles regionales, agrupadas en el PRI, le sucedieron las nuevas formaciones políticas que, del PAN al PRD, de Convergencia al PT, privilegiaron con callado regocijo el mismo derecho de sangre que sus antecesores reclamaban como argumento de acceso al poder. 

Al cabo de los subsecuentes procesos de pluralización, ya sin el menor rubor, surgieron partidos con franca vocación familiar, como el PVEM de la familia Martínez, y Nueva Alianza (Panal), de la familia Gordillo”.

El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, demanda que se respeten los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas asentados en el Valle de San Quintín, pero omite reconocer que Baja California y el municipio de Ensenada le abrieron las puerta a miles de oaxaqueños que en su lugar de origen no tienen forma de encontrar trabajo; así que en lugar de ponerse exigente con situaciones que no cumple en su entidad, debería solicitar a la federación que se asigne un presupuesto especial a los municipios de la república que reciben a miles de mexicanos que provienen de estados expulsores, como Oaxaca, pues está claro que los recursos locales no alcanzan atender necesidades de salud, educación, de vivienda y esparcimiento. El problema no es sólo salarial, sino de servicios básicos, y que se complica proporcionarlos en una región donde la dispersión de los asentamientos humanos es la principal característica.

La mayoría de los nuevos "expertos” sobre todo lo que ocurre en San Quintín jamás han visitado el sur de Ensenada, tampoco tienen idea de su dinámica social y económica, pero en lugar de llevar a cabo una investigación de campo y documentar sus aseveraciones, prefieren expresar su indignación con base en su postura ideológica. Antes del conflicto laboral no sabían que existía San Quintín, y lo único que sabían de la producción de fresa es por la que se cosecha en Irapuato, Guanajuato.

¿Todavía siguen pensando es la inmediata municipalización de San Quintín?