LA BUFADORA

A partir de la gestión como alcalde de Enrique Pelayo Torres (2010-2013), el Ayuntamiento de Ensenada dejó de pagar las cuotas al Issstecali, equivalentes a casi 10 millones de pesos mensuales, y como la presente administración municipal tampoco cubre la cuenta corriente ni abona a la deuda acumulada, la suma que se debe asciende a 456 millones de pesos, a la que se tienen que sumar otros seis millones de pesos que corresponden a las aportaciones pendientes de los trabajadores sindicalizados del Centro de Convenciones Riviera Pacífico.

 

¿Cómo le hará el gobierno municipal para regularizarse en sus pagos al Issstecali? Si en este Ayuntamiento no se hace algo que disminuya el adeudo histórico y permita que se cubran las cuotas catorcenales que suman cinco millones de pesos, el próximo gobierno tendrá un reducido margen de acción y es posible que las cajas de recaudación sean intervenidas para garantizar el pago, una medida que resulta extrema pero que contempla la ley, y que todavía no se aplica por cuestiones políticas.

 

¿Por qué Pelayo Torres dejó de pagar las cuotas al Issstecali?, ¿por qué no recibió ninguna sanción por esta omisión?, ¿qué hicieron los diputados locales de entonces y los actuales para evitar que esa deuda creciera tanto?

 

Si este problema no se resuelve pronto, el sistema de pensiones y jubilaciones del Estado va a tronar en el corto plazo, y más ahora que la Ley de Hacienda prohíbe a los gobiernos estatales y municipales adquirir créditos o préstamos bancarios para pagar deudas.

 

Así que la única forma que tiene el gobierno municipal para saldar sus deudas en reducir su gigantesca nómina burocrática, no hay de otra, pero al parecer todavía no nace el alcalde que se atreva a implementar un programa de austeridad.

Los títulos profesionales sólo los entregan las instituciones de educación superior, pero el secretario de Desarrollo Social Municipal, Samuel Albestrain, durante una entrevista que concedió a un conocido programa de radio de la localidad, anunció que su dependencia iba a pagarle a algunos ciudadanos cursos en el Cecati, lo que está muy bien, pero emocionado dijo que les iban a entregar un título profesional, algo que para sus detractores sonó demagógico, sobre todo porque el Cecati es un centro de capacitación que acredita a las personas como técnicos, no como profesionistas.

Tres de los cuatro aspirantes del PRI a la presidencia municipal de Ensenada afirmaron que ayer no se llevó a cabo en este puerto la reunión en la que supuestamente ellos participarían junto con la dirigente estatal de tricolor, Nancy Sánchez Arredondo, encuentro que trascendió fue promovido por el representante de los transportistas, Raúl Carrillo; incluso reconocieron que primero se enteraron por la prensa y luego fueron convocados, pero que a final de cuentas el evento no se concretó, porque así no se hacen las cosas.

 

En fin, tal parece que los mismos de siempre andan desesperados por alcanzar hueso en el 2016.

Senadores del PRI y PVEM propusieron crear una nueva Ley Federal de Transparencia que obligará a Petróleos Mexicanos (Pemex) a transparentar las prebendas que entrega al sindicato encabezado por Carlos Romero Deschamps.

 

De acuerdo con el proyecto, presentado ayer ante la Comisión Permanente del Congreso, la petrolera deberá hacer públicas las donaciones o cualquier aportación que realice a personas físicas o morales, al margen de su naturaleza jurídica o su objeto.

 

Además, tendrá que transparentar el contrato colectivo de trabajo y hasta el reglamento del personal de confianza.

 

Los tabuladores aprobados, con el desglose de conceptos y montos de las percepciones ordinarias y extraordinarias, se incluyen en el listado de las obligaciones.

 

Pemex deberá difundir las erogaciones que realice por concepto de jubilaciones y pensiones, así como la actualización del costo actuarial de su cada vez más creciente pasivo laboral.

La propuesta de Ley incluye la obligación de hacer públicos los "apoyos” que se entregan a los trabajadores para el desempeño de su función, adicionales a su remuneración habitual.

En la redacción del Artículo 51, los senadores plantean que también tendrán carácter público los lineamientos aprobados por el Consejo de Administración de Pemex para cubrir los pagos y apoyos a los trabajadores.

Los tabuladores y las contrataciones deberán transparentarse de manera trimestral.

En todos los casos, las obligaciones también aplicarán para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).