La Bufadora

 Aniquilan 3de3

El 18 de junio de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que los servidores públicos se pueden oponer a la publicación de sus declaraciones patrimoniales.

Ocho de los 11 ministros se pronunciaron a favor del derecho de los funcionarios para que sólo bajo su consentimiento la Secretaría de la Función Pública pueda divulgar sus bienes.
La mayoría de los ministros rechazó un proyecto de sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que contempla esa opción de los servidores.
El amparo tuvo su origen en la solicitud de un particular para acceder a las declaraciones de los 500 diputados federales, la cual fue negada en 2011 por el Comité Resolutor de Recursos de Revisión de la Auditoría Superior de la Federación.
Además, la SCJN concederá este miércoles una suspensión para que el Poder Judicial de la Ciudad de México quede exento de publicar las declaraciones 3de3 de sus integrantes por tiempo indefinido.
La Segunda Sala discutirá un proyecto que revoca la negativa de suspensión dictada en junio pasado por el ministro José Ramón Cossío, como parte de una controversia constitucional de los jueces capitalinos contra el artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas local.
Dicho artículo obliga a todos los órganos de gobierno de la ciudad a difundir en sus sitios de internet la versión pública de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos.
La suspensión beneficiará a magistrados, jueces y demás personal de los tribunales Superior de Justicia, Contencioso Administrativo y Electoral de la CDMX, así como del Consejo de la Judicatura, que alegan que la ley de transparencia local excede lo previsto en la Ley General de Transparencia, que deja a elección de los funcionarios la publicación de sus declaraciones.
De ser concedida, la suspensión estará vigente hasta que el pleno de la Corte resuelva la controversia, lo que seguramente ocurrirá hasta 2017.
Pero el precedente sería útil para funcionarios de todos los niveles de gobierno que quieran promover amparos, una vez que el Comité Coordinador del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción emita los formatos para la publicación de las declaraciones 3de3, que serán aplicables en todo el país.
El proyecto señala que el artículo Sexto de la Constitución garantiza la protección de los datos personales, y agrega que si no se concede la suspensión y se publican las declaraciones del Poder Judicial capitalino, quedará sin materia el juicio para aclarar si el artículo 121 es constitucional.
"De aplicarse la norma se podría vulnerar el derecho humano a la protección de datos personales, al exigir a los sujetos obligados que publiquen las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, sin otorgarles oportunidad de decidir si ese es su deseo, conforme lo dispone la Constitución”, dice el proyecto.

Bono adicional
Los nueve partidos políticos nacionales recibirán este año 69 millones 657 mil 445 pesos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar labores de vigilancia y actualización del padrón de votantes.
Este monto es adicional a los 4 mil millones de pesos de recursos públicos programados en 2016 para sus actividades ordinarias y proselitistas, así como de los 109 millones 716 mil pesos destinados para ejercer sus funciones a los consejeros del Poder Legislativo y representantes de partidos que forman parte del consejo general del INE.
De acuerdo al documento "Informe de los recursos ejercidos acumulados destinados a los Órganos de Vigilancia correspondientes al primer trimestre 2016”, de esa cifra total se destinaron 63 mil 939 pesos para labores administrativas.
Del monto para control se asignaron 61 millones 219 mil pesos para la representación partidista de la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV), que a su vez destinó 51 millones 735 mil pesos para las labores del representante de partido y su personal auxiliar, y el resto para la adquisición de mobiliario y equipo, servicios de telefonía, alimentos, gastos operativos, labores de vigilancia, supervisión y capacitación.
Otros 2 millones 720 mil pesos fueron canalizados para cubrir los gastos de las representaciones partidistas que forman parte de las 32 Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia que se encuentran distribuidas en todo el país.
Los partidos realizan, por disposición de ley, una supervisión y vigilancia de las tareas vinculadas con el padrón electoral que van desde la emisión de la credencial para votar con fotografía, hasta la integración y actualización de la mica y los distritos electorales.
De acuerdo con la normativa, los representantes partidistas -propietario y suplente por cada instituto-, verifican en campo en ocasiones el padrón electoral y trabajan a través de una CNV, 300 comisiones distritales y 32 comisiones locales de vigilancia, además de grupos de trabajo.
Las representaciones partidistas que forman parte de la CNV recibieron en forma adicional 5 millones 717 mil pesos para proyectos especiales, tales como distritación y verificación de domicilios.