La Bufadora

¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos (Capufe), todavía no le proporcionan información al Cicese sobre el estado de la carretera Escénica Tijuana-Ensenada?

 

Cantidades "domésticas” 

Aunque en 2017 no habrá elecciones en Baja California, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, solicitaron al Congreso local se les apruebe un presupuesto para el próximo año de 196 millones de pesos y 31 millones 503 mil pesos, respectivamente.

El presidente del consejo general del IEEBC, Javier Garay Sánchez, solicitó 196 millones de pesos, de los cuales 132 millones serán para cubrir las prerrogativas (financiamiento público) que se pagan por ley a los partidos políticos, y el resto será para gasto operativo del Instituto.
Sin embargo, el diputado Carlos Torres Torres, cuestionó a Garay Sánchez respecto a la solicitud de transferencia de partidas que hizo al Congreso local para cubrir el bono (aguinaldo) de 60 días de salario a los consejeros electorales con motivo de fin de año.
En respuesta, el consejero electoral señaló que su petición se sustenta en el artículo 98 de la Ley del Servicio Civil, el cual establece el pago de 60 días de sueldo como bonificación para los trabajadores al final del año y subrayó que ellos simplemente están cumpliendo con la ley.
En ese sentido, el diputado Jorge Núñez le hizo notar al presidente del IEEBC que los consejeros, por la característica de sus actividades y el sistema en que son nombrados, no encajan en la descripción de personal subordinado, por lo que, en consecuencia, tampoco tienen el derecho de recibir esa prestación.
Y para no quedarse atrás, el presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado (TJE), magistrado Martín Ríos Garay, dio a conocer que esta dependencia tiene proyectado ejercer un presupuesto de 31 millones 503 mil pesos para el ejercicio fiscal 2017.
El titular del TJE explicó que este órgano de justicia es el encargado de resolver, entre otros asuntos, las impugnaciones de las elecciones para diputados, munícipes y gobernador del Estado, así como las impugnaciones de actos y resoluciones que violen derechos político electorales de los ciudadanos, o sobre actos que emitan las autoridades electorales de Baja California. Mencionó también que una de las responsabilidades del Tribunal es la de realizar tareas de capacitación, investigación y difusión en materia de derecho electoral.
Al hacer el desglose del Presupuesto de Egresos 2017, Ríos Garay precisó que el recurso económico se destinará a las siguientes actividades: jurisdiccional 29 millones 706 mil pesos, capacitación 933 mil pesos, difusión 455 mil pesos y fortalecimiento institucional 408 mil pesos.
En respuesta a un cuestionamiento referente al porqué del aumento de 700 mil pesos en la partida de pasajes aéreos y viáticos, el magistrado Martín Ríos informó que en años no electorales, como lo será el 2017, los funcionarios del TJE son convocados por instancias de justicia federal para cursos fuera de la ciudad, además de que personal de la dependencia ofrece programas de capacitación en universidades de la entidad sobre derecho electoral.
¡Viva la democracia en los órganos electorales!

Amagan denunciar
El sector patronal advirtió que denunciará a los gobernadores que cometan actos de corrupción antes de que terminen su periodo y evitar así que sea demasiado tarde para sancionarlos.
"En 2017 encontraremos organizaciones sociales donde estaremos iniciando procedimientos judiciales para no esperarnos a que se acabe la Administración, no esperarnos a que los helicópteros no tengan regreso y a tiempo estemos denunciando”, advirtió el bajacaliforniano Gustavo de Hoyos Walther, presidente de Coparmex, durante la presentación del proyecto de Ley Modelo del Sistema Loca Anticorrupción.
Explicó que en aquellos casos en los que haya evidencias suficientes para iniciar procedimientos judiciales, la Coparmex interpondrá la denuncia.
"Pretendemos hacer del actuar institucional de la Coparmex una forma continua de estar vigilando el quehacer público y no esperar a que los gobiernos estatales y municipales puedan dañar de manera si no irremediable si muy profundo el erario público para empezar a lamentarnos”, señaló.