La Bufadora

Cunde el pánico 

Ante la avalancha de protestas sociales contra el gasolinazo y la aprobación de la ley del agua en Baja California, la mayoría de los funcionarios de primer nivel han optado por no asistir a eventos públicos ni organizarlos en las instalaciones de gobierno, ante el temor de que los inconformes hagan acto de presencia. También algunas celebraciones tradicionales con motivo del año nuevo se suspendieron en varias dependencias, para no contribuir a la irritación social.

Sin embargo, estas erupciones de enojo de la sociedad, necesitan evolucionar del reclamo airado a la elaboración y presentación de soluciones reales. La gota que derramó el vaso fue el gasolinazo, pero todas las reacciones de inconformidad necesitan cohesionarse para de verdad cambiar el estado de cosas. La movilización social no es suficiente, y también se corre el riesgo de que las protestas rebasen a sus organizadores y queden bajo el control de activistas políticos tradicionales que sólo llevan agua para su molino.
Así que la mejor estrategia es presentar un frente común que a través de herramientas jurídicas obligue a las autoridades y legisladores a responder a los intereses de la gente. Ya existen figuras legales para hacerlo, pero implica análisis serios, fundamentar posturas con datos duros, recolectar firmas y proponer soluciones viables. Ciertamente hay grupos que lo comenzaron a hacer, y aunque lleve un poco más de tiempo, si reciben el apoyo suficiente es factible que la situación mejore.

Reclaman austeridad
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el titular de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, no lograron ayer acuerdo ante los efectos del alza a la gasolina.
Los mandatarios de Chihuahua, Javier Corral; Veracruz, Miguel Ángel Yunes; Nuevo León, Jaime Rodríguez, y Tabasco, Arturo Núñez, pidieron al funcionario dar marcha atrás a la medida.
No obstante, sus homólogos de Coahuila e Hidalgo, los priistas Rubén Moreira y Omar Fayad, así como el panista Francisco Domínguez, de Querétaro, abogaron por la polémica medida y protagonizaron los momentos más ríspidos del cónclave.
"Todos manifestamos y compartimos la preocupación por la gobernabilidad y porque se preserve el Estado de derecho”, resumió el presidente de la Conago, el morelense Graco Ramírez.
Jaime Rodríguez aseguró que la Conago, además de no haber alcanzado ningún acuerdo, tampoco recibió propuesta alguna de los secretarios de Estado y del titular de Pemex para aminorar el impacto del "gasolinazo”.
"El Secretario de Hacienda sólo escuchó: no dio ninguna propuesta ni dijo nada más que lo que ya sabemos, que son decisiones del entorno internacional. Y luego se paró y se fue porque tenía que estar en el acuerdo con el presidente y nos dejó ahí, y se quedó solamente el secretario de Energía.
"No hubo un acuerdo, la Conago no tuvimos un acuerdo. Nuestro acuerdo fue decir que estamos sentados en una mesa discutiendo para que la Federación nos dé soluciones”, insistió.

Controlará Marina puertos
La Secretaría de Marina tomará posesión de las capitanías de puertos a partir de junio del 2017.
Esto, de acuerdo con el decreto que le transfiere los poderes que antes estaban en manos de una autoridad civil, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Entre sus nuevas facultades, por ejemplo, estará permitir la entrada y salida de embarcaciones de puertos, abanderar embarcaciones y verificarlas, además de conceder permisos de operación.
También será su facultad investigar cualquier accidente ocurrido en vía navegable e imponer sanciones por infracciones legales.
Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes continuará coordinando el desarrollo de la infraestructura portuaria del país y estableciendo las bases para la regulación tarifaria de los servicios de transporte marítimo de pasajeros.
La iniciativa para llevar a cabo estas modificaciones fue propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto apenas en marzo del 2016, y para el 30 de noviembre, ya había sido aprobada por el pleno del Senado.
El 14 de diciembre, fue aprobada también por la Cámara de Diputados, con 339 votos a favor, y turnada al Ejecutivo federal para su promulgación.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre, y, de acuerdo con el artículo transitorio 1, la medida entrará en vigor exactamente 180 días después.