BUFADORA

Aun cuando los partidos políticos participen en una coalición, deben obtener por sí mismos el porcentaje necesario de la votación para acceder a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

Así lo determinó por unanimidad la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual avaló un dictamen relacionado con Baja California, pero con efectos generales.

Los magistrados aseguraron que de esa manera se dota de funcionalidad al sistema de asignación de representación proporcional, el cual está diseñado para que la votación que recibe cada partido político integrante de una coalición surta efectos en la asignación.

Indicaron que el criterio se sustenta en la interpretación de los artículos 87, párrafos 12 y 13, de la Ley General de Partidos Políticos; 79, párrafo 2, de la Constitución de Baja California; así como el 31, 32 y 256, fracción III, de la Ley Electoral de esa entidad federativa.

Los anteriores establecen que los partidos coaligados aparecerán con su propio emblema en la boleta electoral, los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos.

Aunque en la boleta se hayan marcado más de una opción, añaden, contarán como uno solo.

“Con esta tesis, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege la pluralidad en la integración de los municipios y el acceso a los puestos de elección”, indicó el organismo en un comunicado.

Defienden proceso
El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, defendió el proceso en contra del presunto operador de Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Gutiérrez.

Luego que Manlio Fabio Beltrones señaló que el gobernador Javier Corral de Chihuahua y el fiscal han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con “testigos protegidos” que aportan declaraciones a modo, Peniche aseguró que la indagatoria no se basa sólo en la declaración de un ex funcionario del ex Gobernador César Duarte.

“La investigación realizada por la Fiscalía General del Estado no se basa en exclusiva en la declaración de un testigo, misma que es legal y se encuentra prevista y regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, indicó.

Beltrones descalificó la declaración de Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación, Cultura y Deporte en la Administración de Duarte, quien declaró que el desvío de 250 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia el Gobierno de Chihuahua y luego hacia el PRI se hizo en acuerdo entre éste y Duarte.

“Además es un testigo (Yáñez) al que le constan de manera directa los hechos respecto de los que ha aportado testimonio”, puntualizó Peniche.

“La investigación como se ha dado a conocer ante un tribunal, y que ha justificado un auto de vinculación a proceso, consta de múltiples testimonios, de personas incluso ya sentenciadas por los mismos hechos, y principalmente de un cúmulo de evidencia documental, entre ésta, importante información financiera y documentos públicos”.

Señaló que en esa múltiple evidencia documental, lo que hacen los testimonios es corroborar la existencia de los hechos.

De acuerdo con la acusación, el dinero se destinó a campañas del PRI en el 2016.

Prisionera VIP
Una semana después de permanecer en prisión domiciliaria, un juez federal ordenó retirarle a Elba Esther Gordillo el brazalete electrónico que inicialmente había instruido colocarle, por la ansiedad que ella asegura que le ocasiona.

Fuentes de la PGR informaron que anoche Alejandro Caballero Vértiz, juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, autorizó el retiro del dispositivo que desde el 15 de diciembre llevaba en un tobillo.

La ex lideresa del magisterio se quejó desde el primer momento que el dispositivo de localización remota le causaba molestias y ansiedad, ya que por las noches aparentemente vibraba sin motivo alguno y le alteraba el sueño. Por ello, pidió a la autoridad judicial que revocara esta medida de seguridad. Y, además, esto conllevó a que ayer estuviera internada unas horas en el hospital tras resentir algunas dolencias.

La colocación del brazalete electrónico es una de las medidas de seguridad que el juez de la causa instruyó implementar en la prisión domiciliaria, a pedido de la Procuraduría General de la República.

Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca por una orden de aprehensión de delincuencia organizada y lavado de dinero; sin embargo, la también fundadora del Partido Nueva Alianza (Panal) nunca estuvo en una celda porque fue internada en una habitación de la clínica del penal de Tepepan, para recibir atención especializada para sus 13 padecimientos.