La Bufadora

Hoy primer debate
Este domingo 22 de abril, bajo un nuevo formato, se llevará a cabo el primero de tres debates programados entre los cinco candidatos a la presidencia de México, y se transmitirá a partir de las 18:00 horas (tiempo local) a través de las cadenas de televisión abierta (Televisa y TV Azteca), evento que tendrá una duración de dos horas; y para quien no lo pueda ver en vivo, se retransmitirá a las 20:00 horas por el Canal 23 de Televisa-Ensenada.
Sin embargo, con la incorporación de Jaime Rodríguez “El Bronco” a la boleta, el Instituto Nacional Electoral (INE) se tuvo que ajustar el formato de este primer debate presidencial. 
El consejero Benito Nacif indicó que se le hicieron ajustes al formato del primer debate sin cambiar esencialmente la escaleta aprobada la semana pasada. 
Se hizo un ajuste a los bloques, detalló, que ahora serán tres, más amplios para poder conservar los dos segmentos y los tres subtemas: combate a la corrupción e impunidad; seguridad y violencia y democracia y pluralismo. 
Defendió además que sean tres moderadores y no dos, como propuso la representación de Morena ante el INE.
“Los tres moderadores van a tener aproximadamente un 18 por ciento del tiempo del debate y los candidatos tendrán el 82 por ciento”, apuntó. 
“Creemos que hay un buen equilibrio porque una moderación activa requiere que hagan uso de la palabra”, añadió. 
La sede del primer debate presidencial será el Palacio de Minería de la Ciudad de México y tendrá como tema general el de Política y Gobierno. 

Ética y realidad
El martes pasado, la diputada local, Victoria Bentley Duarte, presentó una iniciativa mediante la cual se crea el “Código de ética del Poder Legislativo del Estado de Baja California”, cuya finalidad es contar con un “catálogo de valores y principios que deberán ser aplicados por funcionarios y empleados que participan o coadyuvan en las funciones del ejercicio público en el ámbito legislativo”.
“Estamos convencidos de que el Poder Legislativo debe ser un promotor de valores y principios en la sociedad, que ayuden a mejorar los estándares de su desempeño profesional, basado en una cultura de transparencia, honestidad y objetividad en el desarrollo de actitudes y compromiso consigo mismo, con la sociedad y con las instituciones a las que representa”, destacó la representante popular en su argumentación.
Bentley Duarte explicó que dicho Código será un instrumento declarativo, ya que las probables conductas ilegales de los servidores públicos se sancionan actualmente por medio de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y demás normatividades aplicables.
Lo anterior suena muy bonito, pero ¿no se supone que desde que rinden protesta nuestros representantes populares deben cumplir y hacer cumplir la ley, y eso incluye comportarse con honestidad?
También es importante precisar que todos aquellos que aspiran a convertirse en gobernantes deben ser los mejores y un ejemplo de conducta para el resto de la sociedad, pero resulta que cuando algún ciudadano solicita a través de los órganos de transparencia que los legisladores locales transparenten la forma en que ejercen la millonaria partida de gestión social que se les asigna, la respuesta es tardía, incompleta y opaca.
Se pueden proponer verdaderas joyas legislativas, pero si no se predica con el ejemplo entonces se convierte en un ejercicio teórico inútil.

Cuestionan propuestas
Las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia parten de diagnósticos insuficientes y carecen de estrategias articuladas para reducir la desigualdad en el ingreso advirtieron especialistas de la UNAM.
En el marco de los foros México 2018: Los Desafíos de la Nación, Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, remarcó que se ha establecido una relación entre las desigualdades económica, social y del ingreso.
“Difícilmente podemos tener un Estado que promueva el crecimiento y que recupere su coeficiente de inversión -que ha perdido dramáticamente en los últimos 10 años-, si no tomamos en cuenta su debilidad política, que ahora también se presenta como una debilidad institucional en cuanto a sus capacidades para articular voluntades, reproducir su legitimidad y contribuir de manera central a una redistribución civilizada del ingreso y la riqueza”, indicó.
“Se trata de un Estado que también ha olvidado a la inversión pública como factor y palanca de un crecimiento económico más rápido”.
Norma Samaniego advirtió por su parte que ninguna de las plataformas de los candidatos hace referencia a la distribución funcional del ingreso.
“Implica un cambio institucional profundo, en la cuestión educativa y laboral, en el esquema de seguridad social y en las propias instituciones”.