Impunidad
Los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país, específicamente en Guerrero, con la desaparición de los normalistas y la salida del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, ponen a nuestro país en el ojo del huracán a nivel internacional, y se impone de nuevo el tema de la impunidad de nuevo, hasta ahora, en lo ocurrido con los estudiantes.
Para muchos en México se mantiene una cultura de impunidad y encubrimiento que permite graves violaciones a derechos humanos, plantea Marcia Aguiluz, directora del programa del Centro Para la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL) para Centroamérica y México.
CEJIL y otras cuatro organizaciones acudirán el próximo jueves a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denunciarán casos de tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, incluyendo la de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
Según la CNDH se investiga menos del 2 por ciento de los casos que se denuncian; se habla de un 98 por ciento de cifras de impunidad.
En el último sexenio, y desde 2007, han ocurrido 80 mil ejecuciones. Se estiman 20 mil desaparecidos y ha habido un aumento de la tortura en un 50 por ciento.
En la medida que no se identifiquen, no se sancionen a las personas responsables, la tendencia es a repetir (...) hay un vínculo entre el hecho de que en casos anteriores no haya ocurrido nada, y que ahora las autoridades desaparezcan a 43 estudiantes con la certeza de que saldrán impunes, señalan.
Del periodo de audiencias públicas de la CIDH, México es el único país que acaparará todo un día para las denuncias y, en particular, que expondrá una audiencia en torno a violaciones graves de derechos humanos a nivel nacional.
Para Aguiluz, las múltiples audiencias demuestran la preocupación internacional por la situación de derechos humanos en México, la cual se ha hecho especialmente visible en últimas semanas, informó la Agencia Reforma.
Aunque el gobierno federal mantiene un discurso a favor de los derechos humanos, critican que éste no se ha reflejado en políticas públicas.
El periodo de audiencias públicas de la CIDH será del 27 al 31 de octubre; en ellas, organizaciones de la sociedad civil y víctimas expondrán casos de violaciones de derechos humanos, mientras que una representación del Estado tendrá oportunidad de defenderse frente a la Comisión.
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