Más vale tarde…
Las dos últimas administraciones municipales, una de extracción panista y la otra priista, solicitaron millonarios créditos bancarios para obra pública, y en el caso del trienio que encabezó Enrique Pelayo Torres (2010-2013), desvió partidas federales etiquetadas para su gasto corriente.
Pero como lo anterior también ocurre en la mayoría de los ayuntamientos del país, esta semana en el Senado de la República se dio primera lectura a una iniciativa de reforma que pretende convertir a los alcaldes en sujetos de responsabilidad en caso de incurrir en desvío o manejo indebido de fondos federales.
El proyecto fue destrabado a ocho años de haberse presentado en el Congreso y justo también en medio del escándalo de "las mochadas” que diputados federales cobran a algunos municipios por gestionarles fondos federales.
La reforma también incluye en el nuevo régimen a los síndicos y regidores, que ahora podrán ser sujetos responsables por violaciones a la Constitución y leyes federales.
"Planea señalar como hipótesis de responsabilidad para los servidores públicos de los órdenes de gobierno estatal y municipal la aplicación indebida de fondos y recursos federales”, se indica en el dictamen.
De concretarse, la reforma sería turnada a los congresos de los estados que deberán analizarla y aprobarla, por tratarse de una modificación constitucional.
En el documento, los legisladores reconocieron la necesidad de contar con un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos municipales, para coadyuvar en el manejo escrupuloso de los recursos económicos federales que estén a cargo de esa instancia de gobierno.
"Se estima necesario que los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos sean incluidos expresamente la ley como sujetos de responsabilidad en caso de que incurran en violaciones a la constitución y las leyes federales o en manejos y aplicaciones indebidos de recursos y fondos federales”, detalla.
Actualmente la Constitución sólo considera sujetos de responsabilidad a los gobernadores, diputados, magistrados de los tribunales de justicia y consejeros de las judicaturas locales.
Así que ya es hora de que metan en cintura a los alcaldes y regidores derrochadores, como lo que padeció Ensenada apenas hace unos meses.
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