DESDE EL VIGÍA: Ley anticorrupción

Todos los instrumentos e instituciones públicas encargadas de fiscalizar el uso y destino de los recursos del erario, no han sido capaces de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción que cometen los funcionarios electos y designación.

En Baja California el gobierno estatal, el Congreso local y los cinco ayuntamientos, disponen de contralorías, sindicaturas y órganos de fiscalización, y a nivel nacional existen instancias muy similares, pero ante su evidente ineficiencia, los senadores aprobaron el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 

¿Lo anterior implica que desaparezcan las estructuras ya existentes? Obviamente no, por lo que México seguirá con la absurda práctica de crear dependencias que vigilen a las instituciones públicas que se supone que cumplen con esa tarea.

Lo anterior implica un gasto millonario, y se repite lo que ya ocurrió en el Poder Judicial, donde crearon los consejos de la judicatura, que nacieron para observar el comportamiento de los jueces impartidores de justicia, lo que duplicó el número de magistrados; y lo mismo sucedió con los tribunales electorales, porque existen a nivel estatal federal, con funciones idénticas y cargas de trabajo mínimas, pero con un millonario costo operativo. 

Hoy nos prometen que el Sistema Nacional Anticorrupción "dará lugar a un nuevo y mejor esquema de fiscalización de recursos públicos que incluso abarcará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, así como la inclusión de los particulares como sujetos de sanción por actos de corrupción, pudiendo ser multados o incluso inhabilitados para participar en futuras licitaciones u obligados a resarcir daños a la hacienda pública”.

Lo cierto es que con esquemas viejos o nuevos sólo pisan la cárcel, y eso muy de vez en cuando, servidores públicos de menor rango que son implicados en delitos como desvío de fondos, pero hasta el momento el presidente de la república, secretarios de Estado, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, regidores, jueces y magistrados gozan de impunidad. La realidad así lo demuestra.