DESDE EL VIGÍA: ¿A cambio de qué?

Cuando estaban en campaña, los actuales diputados locales prometieron consultar a la sociedad a través de sus grupos organizados para orientar el sentido de su voto, sin embargo, el jueves pasado por la noche aprobaron una reforma a la Ley del Notariado de Baja California, que otorga facultades discrecionales al titular del Poder Ejecutivo para designar a los notarios públicos.

Esta modificación a la normatividad no tiene el consenso de quienes ya ejercen y de los que aspiran a desarrollar dicha actividad, y anticiparon que solicitarán al gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, que vete la reforma avalada por el Congreso del Estado.

Llama la atención e invita a la sospecha, la premura de la mayoría de los legisladores para modificar la Ley de Notariado, rapidez y disposición que no han demostrado en otros asuntos, como resolver la controversia por límites territoriales entre Ensenada y Playas de Rosarito.

Tampoco fueron transparentes ni honestos para sancionar a través de un juicio político a los ex presidentes municipales de Mexicali y Ensenada, Francisco Pérez Tejada y Enrique Pelayo Torres, a pesar de la contundencia de las pruebas que se presentaron en su contra.

La realidad es que el Poder Legislativo de Baja California no es una cámara, sino una camarilla de políticos de bajo perfil, que por medio de componendas e intercambio de favores convirtieron ese organismo en una agencia de colocaciones y fuente de financiamiento para sus disfrazadas precampañas.

Todo lo que se decide en el Congreso local se sustenta en un perverso régimen de cuotas, para repartirse posiciones y presupuestos en la propia legislatura, así como en los institutos autónomos como la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En pocas palabras, se trata de una legislatura de cuates y cómplices.

Y luego se quejan de las campañas de desprestigio en su contra.