Desde El Vigía

A pesar de los esfuerzos para obligar a los funcionarios electos y los partidos políticos a que rindan cuentas, hay partidas presupuestales que ejercen con total discrecionalidad.

Y como cada año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), exhibió la opacidad con la que el Senado de la República maneja más de mil 200 millones de pesos destinados a las bancadas, lo que representa casi la tercera parte de su presupuesto anual.

De acuerdo con el Informe sobre la Cuenta Pública 2015, los legisladores se negaron a entregar la documentación que compruebe el uso de recursos de la partida 39903 de "Asignaciones a los grupos parlamentarios”.

En consecuencia, según el ente fiscalizador, el Senado no cumplió con las disposiciones legales y normativas vigentes.

"La limitada transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos de actividades legislativas propició que no se proporcionara la documentación que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de mil 202.92 millones de pesos.

"No se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar los recursos que se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, señala.

La ASF realizó 10 observaciones, de las cuales sólo dos fueron solventadas antes de la integración del informe y las ocho restantes derivaron en nueve recomendaciones.

Una parte de los recursos asignados a las bancadas fueron centralizados como gastos del Senado y, obligatoriamente, sometido a comprobación.

Pero en el sitio oficial del Senado sólo han publicado montos globales de lo que han recibido las bancadas hasta el primer semestre de 2015.

Una revisión de 58.38 millones de pesos gastados en Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), reveló que los lineamientos aplicados en contrataciones no garantizan las mejores condiciones.

"Se carece de elementos que coadyuven en el fortalecimiento del control y gestión de estos contratos, como la definición detallada de contratos y anexos que incluyan especificaciones técnicas y condiciones de entrega; elaboración de estudios de mercado; evaluación y validación del cumplimiento de los proveedores”, indica la ASF.

Así que mientras estas prácticas continúen, de poco servirá invertir más dinero en un Sistema Nacional Anticorrupción acotado por la clase política.