La Bufadora

Ahora es cuando 

La inconformidad social que ha provocado que un gran número de ciudadanos salga a protestar a las calles, representa una oportunidad histórica para obligar a la clase política en el poder a no sólo dar marcha atrás a la ley del agua o el gasolinazo, sino también para exigir la eliminación del financiamiento público a los partidos, que se retire el fuero a los funcionarios electos, la disminución de sus privilegios, la creación de observatorios para evaluar la productividad y eficiencia de los gobiernos, una reforma fiscal que aliente el crecimiento económico, la depuración de las policías y la elaboración de una agenda de prioridades para resolver los problemas más graves del país.

No es la primera ocasión que la presión social condiciona a las autoridades a llevar a cabo o detener ciertas acciones, y el ejemplo más claro es el aparato educativo, dado que la mayoría de los planteles se construyeron a petición de los residentes de determinadas zonas y no por una estrategia de largo plazo, así que la planeación es una condición que deben contemplar las nuevas demandas, para avanzar con orden.
En el caso de Ensenada valdría la pena solicitar que se termine, al menos, la primera etapa del libramiento El Sauzal-Maneadero, pues el tramo ya construido quedó destrozado por las recientes lluvias; también es fundamental el cambio de sede de la guarnición militar, para que la zona de El Ciprés se convierta en el bosque de la ciudad con frente de mar, lo que implicaría continuar con el Bulevar Costero y detonar en serio el corredor turístico de la ciudad.
Y tampoco olvidar la ampliación y modernización de la carretera Chapultepec-Maneadero, segmento mejor conocido como "tramo de la muerte”.
Sin agua ni infraestructura, pero sobre todo sin una agenda concreta de largo plazo, el municipio de Ensenada no saldrá de su estancamiento.

Limitantes para mujeres
Las mujeres mexicanas han ganado espacio en el Congreso y, aunque ocupan más curules, su participación en la toma de decisiones todavía es marginal.
De acuerdo con un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo el 30 por ciento de las comisiones legislativas son presididas por mujeres.
La legislación federal en materia electoral obliga a la paridad de género en los puestos de elección popular. El 42 por ciento de los 500 curules de la Cámara de Diputados pertenecen a mujeres, sin embargo, de las 56 comisiones ordinarias, ellas sólo presiden 16.
"Si bien la representación de las mujeres en el Congreso ha aumentado, su participación relativa en los puestos donde se toman decisiones podría mejorar”, indica el documento.
En la Cámara baja, detalla, las comisiones que encabezan las mujeres están relacionadas con la igualdad de género, bienestar social, educación, familia y desarrollo humano, pero también han tenido acceso a las de energía, relaciones exteriores y gobernación, que tradicionalmente han dirigido hombres. En el caso de los Congresos estatales, señala el informe titulado "Construir un México Inclusivo. Políticas y Buena Gobernanza para la Igualdad de Género”, éstas sólo tienen una representatividad del 32 por ciento.
"En años recientes, los 32 estados de México han adoptado requisitos de paridad similares (a la Federación) a sus leyes electorales. Como resultado, 27 de los 32 estados habían alcanzado o rebasado la tasa de 30 por ciento de mujeres en los Congresos locales hasta 2016, comparado con sólo 11 estados que alcanzaron o rebasaron el umbral de 30 por ciento en 2013, y ninguno de ellos llegó al nivel de paridad”, indica.
El informe establece que el incremento de la representatividad de las mujeres en el Congreso se debe a que la legislación se ha venido transformando en los últimos 15 años para lograr una mayor inclusión.
"En 2002 se prohibió a los partidos incluir más de 70 por ciento de candidatos del mismo género; en 2008, la cuota de mujeres aumentó a 40 por ciento para los principales candidatos; y en 2014, la Constitución estableció que todas las listas de candidatos para los órganos legislativos federales y locales debían constituirse con 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres”, apunta.
No obstante, aclara el documento, el crecimiento de la representatividad femenina en el Congreso no ha estado exenta de la comisión de algunas trampas por parte de los partidos políticos, como fue el uso de las llamadas "juanitas”, que eran mujeres a las que se les otorgaba la candidatura y una vez que protestaban como legisladoras pedían licencia y le dejaban su lugar a su suplente, quien siempre era un hombre.
"El Tribunal Electoral logró garantizar que las parlamentarias no fueran presionadas a renunciar en favor de sus suplentes hombres al establecer el requisito de que los candidatos propietarios y suplentes debían ser del mismo sexo”, resalta el estudio.