Por un nuevo consenso económico nacional

Es claro que en los últimos 35 años, desde la gran crisis del viejo orden económico estatista en 1982, en México ha regido un consenso económico neoliberal, en base al acuerdo entre los dos principales partidos, el PRI y el PAN, con el apoyo a regañadientes de la izquierda institucional.

Es cierto que gracias a este consenso se alcanzaron algunos logros económicos significativos: la estabilidad monetaria y financiera, y la incorporación de México a los mercados globales. Pero fracasó el principal objetivo de toda política económica: reducir la pobreza y la desigualdad social. Como también había fracasado en este objetivo el sistema estatista-populista de las décadas anteriores, coronado por las grandes devaluaciones e inflaciones de los setentas y ochentas que devoraron el ingreso familiar.

Como parte importante del gran acuerdo entre el PRI de Salinas y el nuevo PAN empresarial que dio origen al nuevo consenso económico, se dieron avances muy importantes hacia la democracia, empezando por la pérdida de la hegemonía priista en el Congreso y la alternancia en el Ejecutivo, primero en los estados y finalmente en la Presidencia, con grandes avances electorales no solo del PAN sino de la izquierda cardenista.

Los colores partidistas en las máximas posiciones de gobierno cambiaron y volvieron a cambiar, mejorando algunos aspectos importantes en lo político que han permitido una mayor participación ciudadana en la vida pública y han generado múltiples programas sociales de combate a la pobreza y la desigualdad. Pero la política económica neoliberal, cuyo diseño estructural nos condena a un incremento constante de la desigualdad social, permaneció intocada.

Y lo mismo ha sucedido en todas las democracias del mundo a partir del llamado “Consenso de Washington”, como lo explica Ricardo Becerra en su ensayo “Más allá del Consenso de Washington”, capítulo del libro ¿Y ahora qué? México ante el 12018:

“Después de la época de shocks y crisis fiscales, a principios de los ochenta, se configuró un corpus que cobijó la privatización del Estado y la naturalización de la globalización: el Consenso de Washington y las políticas centradas en la eficiencia económica con la aquiescencia del Tesoro norteamericano, el FMI y el resto de las agencias de financiamiento multilateral”.

El objetivo central de dicho consenso fue eliminar la intervención estatal en la economía y dejarlo todo al libre juego de los mercados. Acabar con la desigualdad sería consecuencia inevitable del crecimiento económico, cosa que nunca sucedió.

¿Por qué? En parte porque este esquema favorece una mayor concentración de la riqueza. Pero sobre todo porque dicho crecimiento bajo el esquema neoliberal nunca podrá ser el adecuado mientras no se transite de una industria maquilera a una industria con capacidades tecnológicas propias, para lo cual es indispensable el papel del Estado en la construcción de infraestructura económica y en el fomento de ramas estratégicas de la industria, como lo demuestra la historia económica de cualquier país que haya logrado industrializarse.

¿Qué dicen los candidatos punteros al respecto?
López Obrador se identifica con una mayor participación del Estado en la economía, pero no entiende el papel central de dicha intervención, que es la construcción de obras estratégicas de infraestructura, presas, puertos, carreteras, ferrocarriles y por supuesto aeropuertos modernos, sino que la limita a programas paternalistas de asistencia social, en lo cual no se diferencia mucho del neoliberalismo. Y por otro lado tiene ideas muy contrarias a lo que sería una educación de calidad, el otro rubro esencial del papel del Estado en el desarrollo.

Mientras Ricardo Anaya, claramente apasionado del desarrollo tecnológico y la educación de calidad, no ha dado indicios de cómo piensa corregir el principal problema económico de los gobierno neoliberales, incluidas las dos administraciones panistas: el haber dilapidado el extraordinario ingreso petrolero en gasto corriente del propio gobierno y en una creciente multiplicidad de programas sociales finalmente inútiles, en vez de concentrarlo en la construcción de infraestructura para mejorar drásticamente la productividad general de la economía y canalizar las inversiones privadas en áreas estratégicas de la industria.

En vista del claro fracaso de los dos modelos económicos aplicados en México en las últimas 7 décadas --el estatista y el neoliberal--, un nuevo consenso económico tendría que combinar de una manera creativa los mejores elementos de ambos: recuperar el papel central del Estado en la construcción de infraestructura y en la educación, sin destruir lo ya ganado en estabilidad monetaria y equilibrio de las finanzas públicas, y por supuesto sin anular los importantes avances en la construcción de nuestra democracia.