“Te los entrego y ahí se quedan…a la buena de Dios”

Hace algunos días, por la tele vimos un espectáculo mediático al más puro estilo Televisa. Como sí se tratara de uno más de los poderosos y violentos cárteles delincuenciales, el gobierno de la república instrumentó un mega operativo para catear el albergue "La Gran Familia” que dirigía la señora Rosa Verduzco, (Mamá Rosa). 

Encabezados por la temible SEIDO, Policía Federal Preventiva, fuerzas de seguridad estatal y hasta ejército incluido, durante más de 10 horas, efectuaron dicho cateo, para comprobar que los casi 600 seres humanos que ahí habitaban, lo hacían entre ratas, pulgas y chinches, algunos de sus moradores eran sujetos de explotación, otros al parecer privados de su libertad y hasta abuso sexual.

La desproporción descomunal del montaje fue hecha como si las autoridades esperaran una respuesta armada del interior. Es de verdad increíble. Fue una operación hecha por supuesto más para los medios de comunicación y para la manipulación de la opinión pública, que para atender la realidad del caso. De la misma manera que la desproporción de las acusaciones. Si había denuncias específicas por qué no se investigaron normalmente y se dieron tanto citatorios como revisiones de las autoridades sanitarias. Si había abuso de menores ¿por qué no se investigaron y se atendió a los niños antes que nada? Ellos son o deberían ser lo primero. ¿Responsabilidad de quién? Simplemente porque ni a las autoridades sanitarias, ni a las de cuidado de la infancia ni a la justicia le interesa resolver un problema específico. 

De inmediato en las redes sociales se comenzó a decir que doña Rosa trabajaba con La Tuta, que explotaba a los niños y niñas y que les alimentaba con basura. Pero hay una historia detrás de las notas periodísticas que simplemente reproducen lo dicho por una autoridad que ha demostrado ser consistentemente omisa en cuanto a la protección de niñas, niños y jóvenes. 

De ser cierto que estos niños y niñas se encuentran en las condiciones que hemos sido testigos mudos, estamos frente a una situación profundamente dramática, mientras Rosa del Carmen está hospitalizada y rodeada de policías federales, una vez más, somos espectadores del consistente abandono de la infancia por parte del Estado, cuando este abdica a su responsabilidad de proteger y prevenir el abuso de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a los tratados internacionales y las leyes nacionales. 

La política pública dedicada a la infancia es una ruina en nuestro país, particularmente la que tiene que ver con el cuidado de menores. Es cierto que existen cientos de agrupaciones bien intencionadas que se dedican a auxiliar a niños desprotegidos y que existen personas poseedoras de generosidad excepcional. Ellas, contra viento y marea han logrado ofrecer dignidad para muchos niños que en nuestra sociedad estaban destinados a no tenerla. Sin embargo, esas residencias infantiles no son el resultado de una política sistemática de protección a los menores en situación vulnerable, sino de la buena voluntad de unos cuantos. Por esta circunstancia es que tantos albergues de menores no cumplen con los estándares mínimos, o peor aún, son la fachada de actividades ilícitas. 

México tiene un serio problema para atender debidamente a los niños huérfanos, abandonados o víctimas de la violencia. El conflicto llega a tal nivel que no se conoce el número exacto de menores en albergues, ni cuántos de ellos son víctimas de abusos por parte de quienes dicen cuidarlos.  

Hay falta de seguimiento de estos casos, las autoridades dicen: te los entrego y ahí se quedan, a la buena de Dios y a ver quién o como los cuida. Pero no es éste el único caso.

No se cuenta con estadísticas de la cantidad de albergues en funcionamiento ni de la población que en ellos habitan, incluso la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para crear un censo de estas instituciones en el país. El conteo no se ha realizado.

Según INEGI, en el país hay unas 25 mil personas que viven en albergues, aunque muchas forman parte del equipo que colabora en esos lugares, pero los datos de internacionales son distintos.  La Unicef, señala que hay por lo menos 1,6 millones de huérfanos en el país, el segundo lugar en América Latina después de Brasil.

¿Cuál será la retribución real para su dignidad humana por ser usados como carnada por gobiernos que buscan legitimarse de algún modo? Sólo nos queda desear que todos ellos estén bien y que su condición de desventaja sea verdaderamente superada.