¿Cuál es la prisa?
En este fin de semana, los ensenadenses nos hemos enterado por varios titulares del periódico "El Vigía”, que como suponíamos, la entrega de la reconstrucción de nuestra carretera que nos comunica a Tijuana, tan prometida para mediados de este mes, finalmente no se logró.
Es patético que los mexicanos ya estemos acostumbrados a enterarnos de obras públicas deficientemente diseñadas y pésimamente construidas, con un costo real muy superior al originalmente presupuestado y, lo que es peor, sin una evaluación que demuestre que la aplicación del recurso, se realice de una manera transparente.
La falta de agua en nuestra ciudad, la falta de competitividad, la nula infra estructura industrial, la deficiente colección de basura, la falta de planeación urbana, la pésima pavimentación de nuestras calles que deben ser prácticamente reconstruidas a pocos años de su instalación; la malísima iluminación urbana, el peor aprovechamiento de los espacios públicos, con poca utilidad para la ciudadanía o incluso sin terminar, son solo algunos ejemplos del desastroso estado en que se encuentra el sector de obras públicas en nuestra ciudad. Todo ello en medio de reformas fiscales que exprimen aún más al ciudadano para que el gobierno obtenga más recursos y una nula transparencia, rendición de cuentas y castigo para los responsables.
La inversión pública en la reconstrucción de esta importante vía de comunicación, que es imprescindible para la actividad económica local, debido a su positivo efecto multiplicador, es echada al bote de la basura, porque las autoridades encargadas de licitar, supervisar y llevar a cabo la trascendente obra, han mostrado ser indiferentes, ineficientes, o de plano negadas para la administración pública y los resultados son un revés para la sociedad.
A pesar de que supuestamente CAPUFE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debieran operar bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas, pareciera que los ensenadenses, sólo tenemos el derecho a informarnos por notas del periódico. En este desolador escenario, urge activar un auténtico sistema de rendición de cuentas que luche contra la corrupción, incompetencia e impunidad de los funcionarios responsables de esta obra mal proyectada y peor ejecutada, porque de plano hace que se despierte sospechas del pago "moches”, para lo cual es imprescindible otorgarle más facultades y "dientes” a la Auditoría Superior de la Federación; instrumentar la autonomía constitucional del Ministerio Público, que el Congreso de la Unión cumpla mejor su función de contrapeso y control del Ejecutivo; y que el Poder Judicial imponga penas ejemplares a los funcionarios corruptos, sin excepción alguna.
A nivel estatal y municipal urge permitir la plena y real autonomía de los órganos superiores de fiscalización y del ministerio público, así como establecer mecanismos administrativos más eficaces de supervisión de la calidad de las obras públicas, además de incentivar la participación ciudadana a través de contralorías sociales.
En un año que no se pronostica muy alentador para la situación económica de este municipio, lo menos que pueden hacer los tres órdenes de gobierno es gastar bien y de manera eficiente los recursos que extraen de los mexicanos vía impuestos, en obras y servicios público con la debida honestidad, para lo cual no existe otra receta que una buena administración pública basada en un cuerpo de funcionarios meritocrático y un sólido sistema de transparencia y rendición de cuentas.
Las cámaras empresariales locales, únicos interlocutores válidos con nuestros gobernantes, deberían convocar a los todos los empresarios y sociedad civil, a actos de desobediencia civil, como negarse a pagarle una sola tributación al SAT, hasta la solución de este gran problema. ¿Tendrán las agallas?
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, S.C.
andale941@gmail.com
Es patético que los mexicanos ya estemos acostumbrados a enterarnos de obras públicas deficientemente diseñadas y pésimamente construidas, con un costo real muy superior al originalmente presupuestado y, lo que es peor, sin una evaluación que demuestre que la aplicación del recurso, se realice de una manera transparente.
La falta de agua en nuestra ciudad, la falta de competitividad, la nula infra estructura industrial, la deficiente colección de basura, la falta de planeación urbana, la pésima pavimentación de nuestras calles que deben ser prácticamente reconstruidas a pocos años de su instalación; la malísima iluminación urbana, el peor aprovechamiento de los espacios públicos, con poca utilidad para la ciudadanía o incluso sin terminar, son solo algunos ejemplos del desastroso estado en que se encuentra el sector de obras públicas en nuestra ciudad. Todo ello en medio de reformas fiscales que exprimen aún más al ciudadano para que el gobierno obtenga más recursos y una nula transparencia, rendición de cuentas y castigo para los responsables.
La inversión pública en la reconstrucción de esta importante vía de comunicación, que es imprescindible para la actividad económica local, debido a su positivo efecto multiplicador, es echada al bote de la basura, porque las autoridades encargadas de licitar, supervisar y llevar a cabo la trascendente obra, han mostrado ser indiferentes, ineficientes, o de plano negadas para la administración pública y los resultados son un revés para la sociedad.
A pesar de que supuestamente CAPUFE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debieran operar bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas, pareciera que los ensenadenses, sólo tenemos el derecho a informarnos por notas del periódico. En este desolador escenario, urge activar un auténtico sistema de rendición de cuentas que luche contra la corrupción, incompetencia e impunidad de los funcionarios responsables de esta obra mal proyectada y peor ejecutada, porque de plano hace que se despierte sospechas del pago "moches”, para lo cual es imprescindible otorgarle más facultades y "dientes” a la Auditoría Superior de la Federación; instrumentar la autonomía constitucional del Ministerio Público, que el Congreso de la Unión cumpla mejor su función de contrapeso y control del Ejecutivo; y que el Poder Judicial imponga penas ejemplares a los funcionarios corruptos, sin excepción alguna.
A nivel estatal y municipal urge permitir la plena y real autonomía de los órganos superiores de fiscalización y del ministerio público, así como establecer mecanismos administrativos más eficaces de supervisión de la calidad de las obras públicas, además de incentivar la participación ciudadana a través de contralorías sociales.
En un año que no se pronostica muy alentador para la situación económica de este municipio, lo menos que pueden hacer los tres órdenes de gobierno es gastar bien y de manera eficiente los recursos que extraen de los mexicanos vía impuestos, en obras y servicios público con la debida honestidad, para lo cual no existe otra receta que una buena administración pública basada en un cuerpo de funcionarios meritocrático y un sólido sistema de transparencia y rendición de cuentas.
Las cámaras empresariales locales, únicos interlocutores válidos con nuestros gobernantes, deberían convocar a los todos los empresarios y sociedad civil, a actos de desobediencia civil, como negarse a pagarle una sola tributación al SAT, hasta la solución de este gran problema. ¿Tendrán las agallas?
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, S.C.
andale941@gmail.com
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