Agravios (En el fondo del abismo)

Javier Cruz

¿Por qué demonios la muerte de los dirigentes sociales Timoteo Alejandro Suárez y su esposa Tleriberta Castro, ocurrida el pasado jueves 20 de mayo a manos de miembros de los grupos paramilitares que operan impunemente en el estado de Oaxaca durante la sombría gestión de Ulises Ruiz, no motivó al arrogante secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont a solicitar un minuto de silencio, tal y como lo pidió en la reunión nacional de procuradores del país para repudiar el asesinato de un candidato panista en Nuevo León?
¿Por qué Felipe Calderón no ha enviado un abrazo y un mensaje de respaldo, aliento y solidaridad a los familiares de los dos activistas oaxaqueños asesinados en la conflictiva zona trique del estado sureño, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones a los familiares de Diego Fernández de Cevallos y al mismo “Jefe” panista, privado de su libertad por desconocidos?
La respuesta es simple. A la ultraderecha que actualmente gobierna la Nación no le preocupan los mexicanos que luchan por sus derechos y por los más pobres de México.
No, ellos sólo se inquietan cuando las bajas son de su criadero.
El vil asesinato de Alejandro Ramírez y Tleriberta Ramírez fue y es más sentido por organizaciones internacionales. Por ejemplo la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al tener conocimiento de que los indígenas triques fueron asesinados en su domicilio, en la comunidad de Yosoyuxi Copala, inmediatamente condenó el hecho y reiteró su preocupación por el clima de violencia imperante en la zona Triqui de Oaxaca, así como por la proliferación de grupos civiles  armados en la región que operan sin control.
La Oficina de la ONU destacó que a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos “el Estado mexicano tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violencia y proteger los derechos a la vida y a la integridad de las personas”, cosa que en la realidad, esta visto hasta el cansancio, no es así.
Por ello la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a las malignas autoridades responsables “a que conduzcan una investigación imparcial, expedita y efectiva de los hechos que tenga como objetivo el procesamiento y, en su caso, la sanción de las personas responsables” del asesinato de los activistas sociales, uno más de una larga lista de homicidios cometidos impunemente en contra de los ejemplares guerreros.
Asimismo la OACNUDH, que además tuvo la decencia de extender sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, exhortó a las autoridades a que adopten con la máxima urgencia las medidas necesarias que garanticen la seguridad y los derechos humanos de las personas que viven o transitan en la zona trique, y para disminuir la tensión y la violencia en un estado que se ha significado precisamente por la represión y los excesos de un gobernante repudiado internacionalmente.
Para vergüenza de los infernales mexicanos, esta nueva condena internacional a nuestros nefastos gobernantes se suma a otros pronunciamientos hechos por organismos internacionales que protegen los derechos humanos en el mundo.
Por ejemplo Amnistía Internacional (AI) denunció en febrero pasado que los defensores y defensoras de los derechos humanos en México continúan siendo objeto de ataques, amenazas, hostigamiento y cargos penales infundados en muchos estados, en lo que parecían ser represalias por su labor.
Así, recordó que Aldo Zamora, miembro de una familia de ecologistas que hacían campaña contra la tala ilegal de árboles en el municipio de Ocuilán, estado de México, murió abatido por disparos. Su padre había presentado reiteradas denuncias a las autoridades sobre las amenazas de muerte que recibía la familia, pero no se habían tomado medidas.
En otra ocasión el defensor de los derechos de los migrantes Santiago Rafael Cruz fue golpeado hasta morir en la oficina del Foro Laboral del Obrero Campesino, en Monterrey, estado de Nuevo León. Las autoridades del estado negaron que el homicidio estuviese relacionado con su trabajo en favor de los derechos humanos, pero organizaciones locales de derechos humanos expresaron preocupación con respecto al rigor con que se había llevado a cabo la investigación sobre su muerte.
Y la defensora de los derechos humanos Aline Castellanos, se vio obligada a abandonar el estado de Oaxaca tras dictarse en su contra una orden de detención basada en pruebas falsificadas que la acusaban de participar en la ocupación de un edificio público.
En los dos primeros casos, las autoridades capturaron a sospechosos de ser los autores de los asesinatos, pero un año después de haber ocurrido los homicidios no se habían dictado sentencias en los tribunales penales. Vamos, ni siquiera terminaban de integrarse los expedientes ministeriales en el caso de Aldo Zamora.
¿Pero qué pasa cuando algún miembro de la clase dorada cae en desgracia? Todo el aparato de seguridad del Estado se pone en marcha para dar con los responsables de los actos criminales cometidos en contra de algún socio de la “Casta Divina”.
Lo dicho, están llenado de agravios a los mexicanos.

Avernario: “Rubios, pulidos senos de Amaranta, por una lengua de lebrel limados. Pórticos de limones, desviados por el canal que asciende a tu garganta (Rafael Alberti).