Divide a oposición destitución de PPK

AP
Lima, Perú

El fallido intento de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski mostró una importante fisura interna en el partido opositor Fuerza Popular, que domina el Parlamento peruano, pero también dejó débil al mandatario acusado de ocultar su vínculo con la gigante brasileña Odebrecht.

Fuerza Popular, que dirige la derechista ex candidata presidencial Keiko Fujimori, necesitaba 87 votos de los 130 integrantes del Congreso unicameral para remover al presidente, pero sólo alcanzó 79 luego de que nueve de sus parlamentarios -incluido su hermano Kenji Fujimori- no votaron. El partido opositor, que domina el parlamento con 71 curules, recibió incluso apoyo de izquierdistas, pero los votos no alcanzaron para cesar al mandatario en su cargo.

La votación evidenció las disputas entre Keiko y Kenji, la primogénita y el hijo menor del encarcelado ex mandatario Alberto Fujimori destituido en el año 2000, luego de huir a Japón acosado por los escándalos de corrupción de su mandato (1990-2000).

Mientras Keiko Fujimori, de 42 años, intenta construir un partido político conservador a partir de la herencia política de su padre, Kenji, de 37 años, afirma que su prioridad es sacar de prisión a su progenitor, condenado a 25 años de cárcel por asesinato y corrupción.

Desde que perdió las elecciones presidenciales en 2016 Keiko mantiene amargas relaciones con el Ejecutivo. Kenji, en cambio, es cordial con Kuczynski y critica con frecuencia a su bancada, por lo cual ha sido amenazado con la expulsión del partido Fuerza Popular.

CASTIGO A LEGISLADORES
Los parlamentarios de Fuerza Popular se reunieron con Keiko Fujimori en su local. Tras el encuentro, que se extendió hasta la madrugada del viernes, el vocero partidario Daniel Salaverry dijo a periodistas que evaluaban castigar a los legisladores que no votaron la remoción del presidente.

Héctor Becerril, otro influyente parlamentario ligado a Keiko, dijo sin mostrar pruebas que a los legisladores que no votaron el gobierno de Kuczynski les había “ofrecido el indulto” de Alberto Fujimori. El ex mandatario acumula desde 2013 tres rechazos a pedidos de indulto por razones humanitarias.

La primera ministra Mercedes Aráoz negó la víspera que se intercambie la supervivencia de Kuczynski en el poder por un indulto al encarcelado ex presidente, pero Kuczynski dijo en julio que a fines de 2017 decidiría si excarcelaba al exmandatario tomando en cuenta informes médicos.

Aunque el gobierno admitió que la bocanada de oxígeno que Kuczynski recibió la víspera podría ayudarlo a remontar su bajo nivel de popularidad de 18 por ciento, según una reciente encuesta nacional de la firma Ipsos Perú, los analistas creen que el mandatario resultó debilitado tras el proceso.

“Nos abre una oportunidad”, reconoció a la prensa la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca. Pero Eduardo Dargent, profesor de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo a The Associated Press que si el mandatario indulta a Alberto Fujimori insultaría de forma “grave a su base de votantes” que apostaron por él y con los cuáles venció a Keiko Fujimori.

PROCESO DE REMOCIÓN
Kuczynski enfrentó un proceso de remoción apenas ocho días después de que una pesquisa encabezada por la oposición revelara documentos que muestran que Odebrecht pagó 782 mil dólares a Westfield Capital, la consultora privada del presidente, por asesorías financieras. Algunos de los pagos a su firma privada coinciden con el tiempo en que Kuczynski era funcionario del gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Luego de salvarse de la destitución el mandatario escribió en su cuenta de Twitter: “Peruanos. Mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú”.

Pese a que no ha sido juzgado por tener inmunidad por su alto cargo, Kuczynski está bajo una investigación fiscal que lo interrogará la próxima semana acerca de su consultora.

La tormenta de escándalos de corrupción sembrada por Odebrecht en Latinoamérica ha salpicado a todos los últimos mandatarios peruanos y ha provocado una orden de captura internacional contra Toledo, una investigación por sobornos contra Alan García (2006-2011) y la prisión provisional de Ollanta Humala (2011-2016).

La fiscalía también investiga a la exalcaldesa izquierdista de Lima, Susana Villarán, y a la propia Keiko Fujimori.