Disminuyen arrestos y aumentan deportaciones

AP
San Diego, California

Los arrestos realizados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en 45 años al tiempo que aumentaron las detenciones realizadas por agentes de deportación, según el informe estadístico más completo del gobierno federal sobre la aplicación de las leyes de inmigración bajo el presidente Donald Trump.

La patrulla efectuó 310 mil 531 arrestos durante el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, 25 por ciento menos que el año anterior y la cifra más baja desde 1971. A pesar de la caída significativa, los arrestos aumentaron mes a mes a partir de mayo, principalmente de familias y niños no acompañados.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), cuyos agentes recogen gente a deportar lejos de la frontera, efectuó 143 mil 470 arrestos, 25 por ciento más que los 114 mil 434 del año anterior. Desde la juramentación de Trump, los arrestos efectuados por el ICE aumentaron 40 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.

Presionan, sin fondos
Las cifras dadas a conocer el martes por el gobierno revelan que los agentes encargados de las deportaciones cumplen a rajatabla el llamado de Trump a reprimir la inmigración a pesar de que el Congreso no le ha concedido al presidente el aumento de fondos para contratar personal.

En febrero, el entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, derogó las instrucciones del gobierno anterior de limitar las deportaciones a quienes constituyen amenazas a la seguridad criminal, los delincuentes declarados culpables y lo que han cruzado recientemente, lo que significaba que cualquier persona que se encontrara en el país sin autorización era vulnerable.

Alrededor del 58 por ciento de los arrestos efectuados por la patrulla eran de países distintos de México, principalmente de Centroamérica. A partir de 2011, grandes contingentes de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños empezaron a ingresar al sur de Texas, que desplazó a Arizona como el punto principal de los ingresos sin autorización.