EL MUNDO

Chocan Oposición y Policía en Caracas

viernes, 21 de abril de 2017 · 00:00
AP
Caracas, Venezuela

El sacerdote Wilfredo Corniel decidió que era más importante estar en la calle que en su iglesia de Caracas.
Con su sotana color crema y un rosario en la mano izquierda, el cura católico se unió el jueves a la más reciente jornada de movilizaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, que no ha logrado contener las protestas pese al despliegue de cientos de policías y agentes de las fuerzas de seguridad.
No es la primera vez que Corniel marcha y no parece que será la última. "Estoy aquí por la paz y por mi derecho a disentir”, dijo a The Associated Press mientras caminaba entre un mar de gente que alzaba banderas rojas, azules y amarillas mientras gritaban "¡¿Quiénes somos?! ¡Venezuela! ¡¿Qué queremos?! ¡Libertad!”.
Corniel partió solo desde su iglesia San Miguel Arcángel, ubicada en un sector pobre del oeste caraqueño llamado El Cementerio, para unirse a los manifestantes.
"Se están violando todos los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la libre expresión. Es necesario que recuperemos estos espacios”, agregó el cura mientras recorría una de las principales vías del este de Caracas en dirección a la Defensoría del Pueblo.
A los pocos minutos de iniciarse la movilización el jueves temprano, la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos y balas de goma para evitar el avance de los manifestantes, como ha sucedido en las protestas de las últimas tres semanas. Miles de personas que caminaban por una autopista del este de Caracas se enfrentaron con cientos de guardias nacionales.
Corniel trató de eludir el efecto de los gases y recordó que en las redes sociales suele comentar: "Salí a recibir mi toque de gas de amor a la patria”.
Tras la multitudinaria marcha de la víspera, la oposición retó de nuevo al gobierno con movilizaciones que partieron desde 26 puntos de Caracas. Desde la mañana, centenares de policías y guardias nacionales fueron desplegados en varios puntos de la ciudad y en la sede de la Defensoría del Pueblo.
En una rueda de prensa el jueves por la tarde, el diputado opositor Freddy Guevara manifestó que "el pueblo de Venezuela demostró que está resteado”, destacando que decenas de miles respondieron el llamado a salir a las calles a pesar de que las protestas del miércoles dejaron dos jóvenes muertos y al menos 500 detenidos.
Guevara, que funge como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, pidió a los venezolanos organizarse en sus comunidades para mantener las protestas y convocó para el sábado a la "marcha del silencio” que tendría como destino la sede de la Conferencia Episcopal de Venezuela en el suroeste de Caracas.
"Vamos vestidos de blanco a honrar a nuestros caídos” y pedir el cese de la violencia, comentó Guevara, quien agregó que para el 24 de abril los adversarios de Maduro tienen previsto un plantón nacional que apunta a mantener la protesta durante todo el día en calles del país.
Horas antes, el líder opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles pidió a sus seguidores vencer el miedo y combatir de forma pacífica la represión. "No descansaremos hasta que en Venezuela se recupere el hilo constitucional”, sentenció al advertir que la oposición mantendrá las protestas hasta que logre elecciones libres, un canal humanitario para alimentos y medicinas, la libertad de los presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional.
Las manifestaciones han dejado ocho muertos -tres de ellos durante las manifestaciones del miércoles- más de un centenar de heridos y unos 500 detenidos, según estimaciones de la organización humanitaria Foro Penal Venezolano.
El jueves por la tarde, el alcalde del municipio capitalino de Chacao, Ramón Muchacho, dijo a la AP que 17 personas resultaron heridas en las protestas en su municipio.
Maduro reiteró la víspera que la oposición está promoviendo un golpe de Estado y descartó la posibilidad de ceder ante las presiones de sus adversarios. Asimismo, el presidente activó esta semana un plan militar para aumentar la presencia en las calles de los cuerpos de seguridad y anunció la ampliación de las milicias a 500 mil civiles uniformados y prometió entregarle fusiles a cada uno de ellos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación y sostuvo que el despliegue de fuerzas militares y civiles uniformados representa una "grave amenaza” a los estándares en materia de protección de la seguridad ciudadana y de los derechos humanos. Amnistía Internacional se sumó a los cuestionamientos y exigió a las autoridades venezolanas garantizar el derecho a la población a manifestar en las calles.
Al referirse a la crisis venezolana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmó que Washington está preocupado porque el gobierno de Maduro no permite a las voces de la oposición ser escuchadas y dijo que trabaja con otros a través de la OEA para comunicar sus inquietudes sobre el caso.
Las tensiones políticas se reactivaron a fines de marzo luego de dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en las que asumió las competencias de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los legisladores. La Asamblea quedó bajo el control de la oposición en 2016 luego de 17 años de estar en manos del oficialismo.
El máximo tribunal, señalado de ser afín al gobierno, revirtió a inicios de abril los polémicos dictámenes pero las protestas no han cesado.

Para GM operaciones
General Motors anunció el jueves que suspenderá sus operaciones en Venezuela después de que las autoridades confiscaron el miércoles su fábrica en el país.
La confiscación derivó de una demanda presentada hace casi 20 años por un ex concesionario de GM en el Oeste de Venezuela. El concesionario pedía a GM una compensación por daños y perjuicios de 476 millones de bolívares, unos 665 millones de dólares al cambio oficial, pero 115 millones en el mercado negro, donde muchos venezolanos se ven forzados a vender su moneda nacional, que cada vez se devalúa más.
GM dijo que esta semana se le notificó que una corte menor había ordenado la confiscación de su planta, sus cuentas bancarias y otros bienes en el país.
Cientos de trabajadores desesperados por información sobre sus trabajos se reunieron en la planta el jueves para hablar con funcionarios del gobierno y de las fuerzas militares, así como con representantes del concesionario que presentó la demanda. La planta no ha fabricado un solo auto desde el 2015, pero GM sigue teniendo 79 concesionarios que emplean a 3 mil 900 personas en Venezuela, donde fue el líder del mercado por varias décadas.
No es la primera vez que Venezuela confisca instalaciones de corporaciones extranjeras. En julio del año pasado, el gobierno tomó control de una fábrica de Kimberly-Clark Corp. luego de que la empresa estadounidense dijo que la falta de materiales en el país le hacía imposible tener producción. Maduro acusó a Kimberly-Clark de participar en un complot internacional para dañar la economía de Venezuela.
Pero la medida en contra de GM, el fabricante de autos más grande de Estados Unidos, es una acción más fuerte, y podría deteriorar aún más las relaciones bilaterales.

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