viernes, 17 de noviembre de 2017
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Imputarán a 712 alcaldes catalanes

Imputarán a 712 alcaldes catalanes

El vicepresidente catalán Oriol Junqueras, y el presidente Carlos Puigdemont.

El vicepresidente catalán Oriol Junqueras, y el presidente Carlos Puigdemont.

AGENCIA REFORMA
Madrid, España

El Gobierno español tomó ayer una determinación drástica contra los intentos de secesión de Cataluña.

La Fiscalía General de España ordenó a los procuradores de esa región citar como imputados a más de 700 alcaldes por su cooperación con el referendo separatista suspendido por la Corte Constitucional, que lo considera ilegal.

Además, la dependencia dio la indicación a la Policía regional catalana de detener a los funcionarios que no se presenten al interrogatorio, aclaró ayer el fiscal general español, José Manuel Maza.

El anuncio elevó la tensión entre los independentistas catalanes y las autoridades nacionales en torno al proceso del plebiscito, previsto para el 1 de octubre.

Si los alcaldes y ayuntamientos no intervienen en la organización de dichos comicios, su realización sería complicada; sobre todo en Barcelona, la capital, donde reside el 20 por ciento de los votantes.

Adicionalmente, la orden de Maza pone en una situación incómoda a los agentes de la Policía regional que deben ejecutar lo dicho por Madrid en sus propias poblaciones.

La Corte Constitucional suspendió el pasado 8 de septiembre la ley que permitiría el referendo y que pondría las bases de la hipotética república catalana, aprobadas la semana pasada por el Parlamento regional.

La Fiscalía también se ha pronunciado contra los integrantes del Ejecutivo catalán y la presidente de su Parlamento por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, vinculados a la convocatoria de la consulta ilegalizada.

Seguirán adelante
La coalición gobernante de Cataluña dijo que de cualquier forma seguirán adelante con la votación.

El presidente catalán, Carlos Puigdemont, dirigió previamente una carta a los 947 alcaldes regionales para que colaboren a través de la cesión de locales públicos y provean lo necesario para llevar a cabo el plebiscito.

El fiscal general ordenó a los procuradores provinciales investigar a los 712 adiles que ofrecieron sus instalaciones municipales para efectuar la votación de autodeterminación. La mayoría dijo que cooperará.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien se opone a la secesión pero apoya la realización del plebiscito, aclaró que no lo hará sin la garantía de que ella y su equipo actúan de manera legal.

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