Continúa vigente tratado de tierras

AP
Nuevo México, E. U.

El congresista republicano Steve Pearce, de Nuevo México, ha introducido una propuesta de ley que le otorga a las familias hispanas herramientas más poderosas para revisar demandas de tierras perdidas bajo el Tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848, que puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos.

Mientras tanto, el fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, anunció esta semanaque busca anular el traspaso de tierras de 2003 de una antigua concesión de tierras hispanas en Nuevo México a un grupo de Colorado, bajo el fundamento de que fue ilegal. La concesión también está protegida por el tratado.

Estos son los motivos por los cuales el Tratado de Guadalupe-Hidalgo sigue siendo un tema de debate en el suroeste estadounidense, más de 160 años después de que terminara la guerra.

LA GUERRA
Después de terminar la guerra, EU se comprometió en el tratado a respetar las tenencias de tierra privadas, incluidas las concesiones hechas bajo los Gobiernos español y mexicano. Las concesiones se hicieron a familias que recibirían automáticamente la ciudadanía estadounidense en los nuevos territorios ganados por EU.

Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos no protegió ninguna de esas concesiones en Nuevo México, Arizona, Colorado y California, y las cortes de forma rutinaria han descartado las demandas presentadas por las familias hispanas desplazadas. Los procesos judiciales se llevaron a cabo en inglés, lo que complicaba a las familias hispanoparlantes luchar en la corte.

Los colonizadores blancos comenzaron a invadir las tierras hispanas, las autoridades locales y federales hicieron poco para proteger a los residentes hispanos del arrebato de tierras.

EL PUEBLO OLVIDADO
Durante la Gran Depresión, el académico mexicoamericano, George I. Sánchez, recorrió el norte de Nuevo México para documentar cómo les iba a los descendientes de las familias hispanas originales. Halló que las familias habían sido desplazadas de la vida política y luchaban con la pobreza tras décadas de usurpación de tierras. Sánchez escribió sus hallazgos en el libro de 1940 “El pueblo olvidado: un estudio de los neomexicanos”, al que le dan crédito de ayudar a lanzar el movimiento de estudios étnicos en los campus universitarios.

Más de 20 años después, el activista nacido en Texas Reies López Tijerina, comenzó a organizar a los herederos de las concesiones de tierra españolas y mexicanas, para exigir que les devolvieran la tierra usurpada. El 5 de junio de 1967, él y un grupo de hombres armados atacaron una corte, dispararon e hirieron a un policía estatal y carcelero, golpearon al asistente del sheriff, y tomaron como rehenes al sheriff y a un reportero.

Los hombres escaparon al bosque nacional Kit Carson, generando emoción entre los partidarios y temor en los demás, mientras que la guardia nacional de Nuevo México los persiguió al remoto caserío en las montañas de Tierra Amarilla.

López Tijerina después fue arrestado, pero de inmediato absuelto de los cargos relacionados directamente con el ataque. Con el tiempo pasó alrededor de dos años en prisión por destrucción de propiedad federal.

NUEVA FUERZA POLÍTICA
Desde la redada de 1967, los herederos de tierras han demandado al gobierno federal y a las compañías privadas para recuperar las tenencias que les quitaron de forma ilegal. Herederos en Arizona, Nuevo México y Colorado también han formado organizaciones no lucrativas para que ayuden a supervisar las concesiones y que las familias de ganaderos puedan criar ganado en las mismas tierras en donde lo hicieron sus familias hace siglos.

Los ganaderos se han enfrentado directamente con el Servicio Forestal de Estados Unidos por los derechos de pastoreo y con los terratenientes privados por el acceso al agua. Las tensiones fueron representadas en la película de 1988, “The Milagro Beanfield War” (“Un lugar llamado Milagro), dirigida por Robert Redford.

Hoy día, los herederos se organizan alrededor de sus antiguas tierras y presionan a los funcionarios electos para que aprueben medidas para reforzar las protecciones establecidas en el Tratado de Guadalupe Hidalgo.