EL VALLE
Justifica la PGJE uso de la fuerza
La fuerte resistencia de jornaleros para dejar realizar una diligencia judicial fue el motivo del operativo
lramirez@elvigia.net | Ensenada, B. C.
La fuerza pública empleada para la restitución provisional de la entrada a un terreno de la delegación Punta Colonet, fue debido a que era la tercera vez que se intentaba realizar ese procedimiento judicial, ante una fuerte resistencia por parte de los indiciados, indicó Marco Antonio Chavarría López.
El subprocurador de Justicia de zona Ensenada, explicó que está en litigio cerca de 800 metros del rancho Hermanos Chávez, es decir, el acceso al sitio que se ubica en el ejido Benito Juárez, luego de que la empresa Agrícola Colonet denunciara el despojo de tal porción hace casi seis meses.
A versión del ofendido, durante años rentaron varias hectáreas al propietario del espacio, y tras su muerte permanecieron en el lugar con un contrato de arrendamiento; sin embargo, los actuales propietarios privaron de manera furtiva la entrada.
Tres meses después de que se inició la averiguación previa, el denunciante pudo comprobar que poseía la totalidad del terreno y por tal motivo, el agente del Ministerio Público procedió a ordenar la restitución provisional.
El representante de la fiscalía estatal en este municipio, aclaró que los indiciados son los propietarios del rancho y que la empresa agrícola es posesionario, porque cuenta con un contrato de arrendamiento con el anterior propietario.
Por lo anterior, los dueños promovieron dos juicios de amparo ante un juez de distrito, recurso que les fue negado y notificado a su vez a la subprocuraduría. El ofendido insistió en que fuera restituido el acceso, porque estaba siendo deteriorado un acueducto que alimentaba una siembra.
Fuerte resistencia
En el primer intento acudieron cuatro policías ministeriales, el secretario de acuerdos y agente del Ministerio Público, sin poder realizar la diligencia; el pasado sábado regresaron con cuatro elementos más, otra vez sin éxito ante la difícil actitud de los indiciados.
Los agentes fueron amenazados por los inconformes de que "pasara lo que pasara” no iban a permitirles la restitución, incluso ante la presencia de mujeres y niños que posteriormente llegaron al lugar, mencionó Chavarría López.
Como consecuencia, las autoridades suspendieron la diligencia y optaron en volver a realizarla el pasado lunes con mayor presencia policial, de los cuales aproximadamente 35 agentes ministeriales y otro número de elementos municipales.
El fiscal puntualizó que el número de agentes fue destinado para garantizar las condiciones de seguridad de todos los presentes, asimismo que los indiciados entendieran en esa tercera ocasión, que el procedimiento iba a ser un hecho consumado.
La ley faculta el uso de la fuerza pública para realizar este tipo de diligencias, pero de haber algún exceso, debe sancionarse y esto le corresponde determinar a la visitaduría, finalizó el funcionario estatal.
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