Detecta Sindicatura Municipal

Gobierno de Pelayo desvió 98 millones

Se pudo documentar que en 2012 realizaron movimientos de depósitos bancarios del Ramo 33 a la cuenta general del Ayuntamiento
miércoles, 25 de diciembre de 2013 · 21:05
Ensenada, B. C. - La Sindicatura Municipal de Ensenada detectó y comprobó un desvío de recursos económicos del Ramo 33 por 98 millones de pesos, durante la administración de Enrique Pelayo Torres.
Además realiza una investigación similar, por el manejo de 200 millones de pesos provenientes de un préstamo bancario, que se otorgó a la anterior administración municipal.
Iván Barbosa Ochoa, síndico procurador del XXI Ayuntamiento de Ensenada, informó que luego de un reporte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (Orfis), sobre presuntas irregularidades en el manejo de los fondos federales del Ramo 33, el área de Fiscalización de la sindicatura inició la investigación correspondiente.
En la auditoría realizada se pudo documentar cómo durante el año 2012 realizaron en forma frecuente movimientos de depósitos bancarios del Ramo 33 a la cuenta general del Ayuntamiento, para cubrir diversos gastos como pago a proveedores, salarios, compensaciones, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), etcétera.

Un delito grave
Posteriormente devolvían las cantidades a dicho fondo, según se pudo comprobar en la fiscalización.
Sin embargo, puntualizó el síndico procurador, la legislación federal establece como un delito grave el desvío de los recursos de dicho programa, ya que no pueden emplearse para ningún otro fin más que para el que fueron asignados.
Indicó que una vez documentada fehacientemente la irregularidad iniciará un proceso para determinar quién o quiénes fueron los responsables de estos desvíos, además de determinar la responsabilidad de cada uno e iniciar los procesos administrativos y penales correspondientes.
Aseguró que se actuará con rigurosidad, pero puntualizó que no puede aún dar nombres o señalar culpables, hasta que se cumplan todos los procesos administrativos y jurídicos correspondientes.
En esta primera etapa, enfatizó, se ha comprobado la existencia de la irregularidad, y ahora seguirá el fincar responsabilidades y sanciones.

Iniciará un proceso para determinar quién o quiénes fueron los responsables, además de determinar la responsabilidad e iniciar procesos administrativos y penales correspondientes.

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