Gestión de Pelayo desvió 210 mdp
Sindicatura Municipal presentará las denuncias penales en un plazo máximo de tres meses; las sanciones van desde una amonestación pública o privada a inhabilitación
Ensenada, B. C. - En un plazo máximo de tres meses, Sindicatura Municipal presentará las denuncias penales por el desvío de más de 210 millones de pesos, ilegalidad registrada durante la administración de Enrique Pelayo Torres, informó el titular de la dependencia Iván Barbosa Ochoa.
Se trata de recursos del Ramo 33 (2012-2013), del crédito de 200 millones de pesos que recibió la administración anterior, y de un donativo equivalente a 9.5 millones de pesos, en asfalto, que recibieron de Pemex.
Las sanciones por los posibles actos de corrupción, explicó, van desde una amonestación pública o privada, inhabilitación, hasta un castigo penal.
Luego de su participación en la sesión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Barbosa Ochoa declinó señalar ex funcionarios o dependencias debido a que están en proceso de investigación.
Sin embargo, llamarán a declarar, en principio, a la ex tesorera municipal Guadalupe Beltrán, y a otros funcionarios de menor nivel.
Refirió que actualmente se están haciendo los cotejos necesarios de las cuentas bancarias, pólizas de cheques y documentación contable que recibieron de la Tesorería Municipal, a fin de reunir elementos que sustenten la denuncia penal.
Iván Barbosa observó que para los recursos del Ramo 33 deben tener una cuenta en lo particular, es decir, exclusiva para ese fondo.
"Si se mandó a gasto corriente ya se generó un desvío, además de lo que corresponde a generación de intereses, retraso de obra y pérdida de patrimonio municipal"
El síndico informó que también está bajo revisión el destino que el gobierno de Pelayo le dio al préstamo de 200 millones de pesos, ya que hay indicios de que parte del monto se usó para cubrir otros desvíos cometidos previamente.
Observó que también se dio mal uso al donativo de asfalto que Pemex entregó a la administración municipal anterior, por un monto equivalente a 9.5 millones de pesos.
Recordó que la mitad del material se usó para pagar su procesamiento y el resto se repartió a empresas constructoras para bacheo.
La acción, explicó, constituye una violación a las disposiciones establecidas en el convenio de donación firmado entre Pemex y el ayuntamiento, en el que se establecía la prohibicón de usar la mezcla como forma de pago.
Se comprometió a presentar las denuncias penales, en máximo tres meses ante autoridades ministeriales estatales y federales.
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